Este aspecto debe dilucidarse por vía jurisprudencial, toda vez que el artículo 478 de la Ley 906 del 2004 no precisa quién es el competente, en segunda instancia, para conocer de estos casos.
Una acción de inconstitucionalidad atacó el artículo 338 del Código General del Proceso. El magistrado José Antonio Cepeda no estuvo de acuerdo con la decisión mayoritaria, conozca sus razones.
Según la Sala Sexta de Revisión, la primera implica mala fe en la conducta del tomador del seguro y la segunda, en cambio, constituye un hecho objetivo.
La firma especializada Torrás Abogados explica las principales diferencias frente a la regulación de estas dos figuras procesales, a la luz del Código General del Proceso.
La Ley 1778 del 2016, que regula una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, no tiene la robustez suficiente para combatir el soborno transnacional.
Esta indexación se predica de todo tipo de pensión, puesto que tiene un carácter universal sin distinción de su origen, bien sea legal, convencional o judicial.
Este trámite se rige por lo previsto en los artículos 60 y subsiguientes de la Ley 1480 del 2011. Estudie uno de los conceptos más recientes de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Se trata de una regulación genérica, que no guarda relación de conexidad con la implementación de los acuerdos suscritos por el Gobierno y las Farc, dice un aparte de la decisión de la Corte Constitucional
El cobro de las cuotas de recuperación a la población no afiliada al régimen subsidiado identificada en el nivel 1 del Sisbén o incluida en listados censales fue derogado por el Decreto 780 del 2016.
Dicha obligación de notificar genera la prevención para el demandante de solicitar en la demanda que el juez de conocimiento ordene la notificación personal de la admisión al interventor.
Una acción pública de inconstitucionalidad atacaba, principalmente, el artículo 3° de la Ley 1799 del 2016. La encargada de la ponencia fue la magistrada Gloria Stella Ortiz.
Si bien los árbitros tienen competencia para definir los procedimientos disciplinarios previos a la imposición de sanciones, ello no implica que puedan desconocer derechos reconocidos por la ley.
El pasado 5 de abril se anunciaron las primeras decisiones, pero todavía no se han dado a conocer los argumentos, alcances o salvamentos de voto de los magistrados disidentes.
El ejercicio de la profesión mientras se está incurso en una sanción disciplinaria se ha convertido en una de las conductas más estudiadas en la órbita del derecho disciplinario.
Esto hace parte de una serie de medidas cuyo fin es erradicar y prevenir no solo posibles actos corrupción, sino proscribir ventajas y privilegios que entrañan grave desconocimiento de los fines del estado.
La convocatoria inicia el viernes 30 de junio y expirará el 30 de septiembre. El aspirante deberá solicitar su inscripción en ella, para lo cual diligenciará en su totalidad y remitirá el formato electrónico.
El profesional debe informar con veracidad a su cliente sobre las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquier situación que pueda afectar su independencia.
Tampoco es causal objetiva para negar el acceso la utilización de criterios de diferenciación prohibidos constitucionalmente, como la raza, el sexo o el origen.
La reunión por derecho propio, la cual tiene lugar cuando la reunión ordinaria no fuere convocada de manera oportuna, no es susceptible de ser modificada por acuerdos privados.
Esta forma contractual especial tiene por objeto servir de garantía a los acreedores respecto de las obligaciones contraídas por virtud de un contrato o la ley, recuerda el fallo.
El objeto de la propuesta es garantizar la estabilidad laboral reforzada de quienes han sufrido lesiones o afecciones adquiridas en el servicio, por causa y a razón del mismo.
La ponencia que estudiará el Senado de la República fue dada a conocer ayer, en el pliego de modificaciones se cambia la composición de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Tenga en cuenta que los efectos de la decisión sobre el derecho de reunión se difieren por un término no mayor al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, hasta antes del 20 de junio de 2019.
La sentencia explica que la corporación nominadora cuenta con un margen de autonomía que está limitado por los principios establecidos en el artículo 126 de la Constitución Política.
Esta diligencia permite verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados y determinar si la contabilidad se lleva en debida forma.
El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad de Rosario presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral 1° del parágrafo primero del artículo 3° de la Ley 789 del 2002.
Independientemente de los asuntos ordinarios que el despacho tramite, se debe dar prioridad a la resolución de acciones de tutela, así como a solicitudes de habeas corpus.
Un fallo precisó que la prohibición no implica que las empresas prestadoras de servicios públicos no tengan la obligación de solicitar los permisos correspondientes para ejecutar sus actividades.
Hay una solicitud expresa a la Defensoría del Pueblo y a Migración Colombia, así como la reiteración de un exhorto al Ministerio del Trabajo sobre la relación laboral de las trabajadoras sexuales.
Ámbito Jurídico hace un recuento de varios hechos importantes que tienen que ver con la nulidad parcial de la Sentencia T-480 del 2016, que había reconocido la configuración de cada uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
En el caso bajo análisis, hubo un desconocimiento en cuanto al precedente fijado en la Sentencia C-1261 del 2005, en la que se interpreta el parágrafo 3º del artículo 206 del Estatuto Tributario.
Según la Dian, no era posible la edición de la casilla correspondiente al anticipo de la sobretasa para el año gravable 2017 frente a quienes no están obligados.
La creación jurisprudencial de razones que justifiquen la injerencia en ese ámbito de la comunicación desbordaría el margen legítimo de interpretación.
Según la Sección Tercera del Consejo de Estado, el análisis de la conducta de la víctima implica un estudio desde la noción de culpa grave o dolo bajo la óptica de la responsabilidad civil.
En principio, el mecanismo efectivo para dar trámite a traslados laborales, puntualmente de docentes del sector público, no es esta acción constitucional.
La conducta atenta no solo contra los derechos del prohijado sino también contra la administración de justicia, que demanda tiempo programando actuaciones.
El fallo igualmente explica que estos pactos, efectuados aun antes de plasmarse el acuerdo colectivo, son obligatorios y no pueden ser desconocidos por el juez del trabajo
Dice la sentencia que la conducta no se podía justificar en el derecho al pago de honorarios, ausencia de antecedentes disciplinarios o el resarcimiento parcial de perjuicios.
Aplica para los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión.
Según el fallo, lo que puede exigírsele a una persona es no manejar grandes volúmenes de dinero ajeno, pues esos recursos se presumen que son de su propiedad.
La reclamación patrimonial al Estado por los delitos de lesa humanidad causados a los miembros de la Unión Patriótica sustentó la aplicación, por primera vez, de una nueva tesis.
En principio, los recursos económicos que el Estado distribuye a la educación deben dirigirse a la red pública, no a las instituciones privadas, precisó la Corte Constitucional.
El Ministerio de Salud recordó el artículo 121 del Decreto Ley 19 del 2012 sustrajo al trabajador de efectuar las gestiones dirigidas a obtener este tipo de prestaciones económicas.
Pretenden dotar al Legislativo de una nueva herramienta jurídica para la elaboración y actualización de las penas por delitos sexuales en contra de menores de edad.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública recordó que este profesional puede ser removido con el voto de la mitad más una de las acciones presentes en la reunión.
Según la Sección Quinta del Consejo de Estado, la regla fijada por la Corte Constitucional es vinculante y, por tanto, prevalece sobre las interpretaciones de las demás corporaciones.
Según la Ley de Acceso a la Información Pública, no son oponibles las reservas en materia de acceso a la información pública frente a violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH.
Los bienes rematados como consecuencia del proceso de extinción de dominio serían repartidos entre el Gobierno Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial.
Para desplazar las competencias del fallador común se debe constatar la existencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad del procedimiento ordinario, advierte el fallo.
El artículo 140 de esta normativa establece una serie de multas cuando una persona ocupe indebidamente el espacio público y, adicionalmente, si esta conducta se realiza dos veces o más se impone el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.
Se crearían subsalas al interior de la Corte Suprema de Justicia que garantizaran el trámite de las investigaciones penales con doble instancia para los aforados constitucionales.
Así mismo, quedó demostrado que el disciplinable también incurrió en la falta contemplada en el numeral 4° de artículo 35 de la Ley 1123 del 2007. Conozca el caso.
Según el fallo, el profesional vulneró la dignidad de la profesión al actuar con mala fe en las actividades que guardan relación con el ejercicio de la labor.