El Consejo de Estado recomienda la suspensión transitoria de los procesos en curso, para que los aspirantes manifiesten si desean continuar bajo las nuevas condiciones.
En el caso de los compañeros permanentes del mismo sexo, las pruebas formales no son el único medio de convicción para demostrar la convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes y entenderlo de esta manera constituiría un trato discriminatorio.
De no actuar de manera diligente, los jueces pueden caer juicios de contenido moral o en conferirles a las pruebas un sentido más amplio de lo que realmente evidencian.
El aspirante deberá solicitar su inscripción en la lista, para lo cual tiene que diligenciar en su totalidad y remitir el formulario electrónico de inscripción entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre de este año.
Así lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio en una orden administrativa para que la sociedad cumpla con la normativa de comercio electrónico, tras concluir que hace parte de la cadena de comercialización.
El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por privar injustamente de su libertad a un hombre, por su supuesta pertenencia a la desmovilizada guerrilla de las FARC, en agosto del 2003.
Aunque no se ha definido la fecha en que será radicado ante el Congreso de la República, la Registraduría público el texto, que consta de 191 artículos.
La eficacia probatoria de un documento depende, en líneas generales, de la posibilidad de conocer a ciencia cierta quién es su autor genuino, explica un fallo reciente la Sala Laboral de la Corte Suprema.
La calidad de "prueba suficiente" que le otorga la norma tributaria a dichos documentos no puede limitarse a simples afirmaciones sobre las operaciones de orden interno y externo carentes de respaldo documental.
También incluye como obligatoria de la biometría en todos los puestos de votación, transporte público gratuito para los votantes y disminución de 6 a 5 en el número de los jurados.
Se trata de un decreto que define los supuestos necesarios para cumplir con tal disposición, en virtud de las novedades contempladas en el artículo 98 de la Ley de Financiamiento.
El fallo precisó que también es necesario que este documento sea usado, esto es, introducido en el tráfico jurídico donde está llamado a cumplir esa función.
La Corte Constitucional explicó que el derecho de inspección u otros instrumentos como la exhibición de libros o documentos no excluyen el ejercicio del derecho de petición.
La iniciativa contiene medidas administrativas para desestimular y reducir las acciones corruptas y medidas punitivas para conductas relacionadas con la administración pública.
El Consejo Superior confirmó estas sanciones contra un litigante por incurrir, principalmente, en las faltas prevista en los numerales 9 y 11 del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007, a título de dolo.
El litigante intentó salvar su responsabilidad disciplinaria aduciendo que el acuerdo al que llegó con su cliente para el cobro de sus honorarios fue verbal y sin ningún tipo de coerción.
El legislador tiene competencia para regular el ejercicio de la libertad de información, siempre dentro del marco de los derechos fundamentales y demás principios de la Constitución, dice un reciente fallo de la Corte Constitucional.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el acuerdo entre procesado y organización ilegal es necesario para configurar la conducta de concierto para delinquir agravado.
La Sección Tercera del Consejo de Estado anuló algunos apartes del Decreto 1510 del 2013, por desconocer la autonomía contractual de las entidades públicas, reconocida en el Estatuto de Contratación.
Pese a que se condicionaron algunas normas, principalmente del Estatuto Consumidor, la Corte Constitucional aclaró que este tipo de actuaciones, como se vienen adelantando, son ajustadas a Derecho.
La entidad precisó que el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación ya no tiene fuerza vinculante y, por tanto, no es de obligatorio cumplimiento.
Esta nueva ley modifica la entrada en vigor del nuevo Código General Disciplinario y trae varias modificaciones sobre transformación digital en el sector público.
Así lo dispuso el Congreso al aprobar el artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual se convertirá en ley de la República a finales de mayo.
Esta iniciativa pretende modificar, entre otros, varios artículos de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, en temas relacionados con la prisión domiciliaria para corruptos y hasta incrementos de penas por manipulación de documentos y divulgación de documentos reservados.
La decisión confirmó la existencia de discriminación por motivos de enfermedad, por lo que se ordenó el reintegro del trabajador a un cargo igual o de mayor jerarquía del que venía desempeñando.
El Gobierno publicó un proyecto de norma para definir los supuestos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Financiamiento.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó el principio de favorabilidad en materia sancionatoria tributaria, así como la procedencia del reconocimiento de costos y deducciones para depurar ingresos brutos.
La norma establecería los efectos de la situación e integración de los impuestos, reglamentaría aspectos necesarios para la aplicación del SIMPLE, la forma de liquidar los anticipos y los plazos para la presentación de estos.
Atendiendo a una instrucción impartida por la SIC, las cámaras de comercio ampliaron hasta el 1° de abril el plazo máximo de la renovación, cuyo proceso puede hacerse de manera virtual.
Este día también vence el plazo para renovar el registro único de operadores de libranza, la inscripción de entidades sin ánimo de lucro y el registro nacional de turismo.
Se trata de un proyecto de norma que definiría las condiciones que debe reunir una sociedad para que se constituya como BIC, así como los compromisos que adquiere por tal condición en función de su objeto social.
El Consejo Superior de la Judicatura expulsó de la profesión a profesionales que promovieron acciones ejecutivas con títulos valores fraudulentos, se quedaron con dineros de sus clientes o intervinieron en desfalcos.
Colombia Compra Eficiente publicará los documentos tipo para recibir observaciones durante 15 días calendario, para implementarlos desde el 1º de abril del 2019.