El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de exclusión del ejercicio profesional contra un litigante por obrar con mala fe y atentar contra la dignidad de la profesión, en tanto se comprobó que “realizó unos préstamos de dinero que estaban destinados a su propia cliente, pues eran producto del caso que ganaron, induciéndola a firmar letras de cambio y con estos documentos haber promovido un  proceso ejecutivo con medida cautelar, con la consecuencia lógica de que sus mesadas se verían embargadas”. En el juzgamiento se resaltó que el comportamiento del disciplinado desdice de su idoneidad para litigar, pues aprovechándose de las condiciones de necesidad y de bajo grado de escolaridad de su cliente efectuó actividades que atentaron contra la honra y el decoro exigidos a los juristas (M. P. Julia Emma Garzón).