El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por privar injustamente de su libertad a un hombre que hacía parte de una lista de 143 personas que el ente investigador ordenó detener en Chalán, Ovejas y Colosó (Sucre), por su supuesta pertenencia a la desmovilizada guerrilla de las FARC, en agosto del 2003. El alto tribunal consideró que la detención de la víctima se produjo sin que se reunieran al menos dos indicios graves de responsabilidad previstos en la ley penal para la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento. Según el expediente, la detención se produjo con base en las declaraciones de un grupo de desmovilizados guerrilleros y un informe de inteligencia de la Policía Nacional y, dado que la jurisprudencia enseña que ese tipo de documentos pueden servir de elemento orientador de las investigaciones, pero no constituyen una prueba, era evidente que en este caso no se reunían los requisitos para mantener a la víctima privada de su libertad (C. P. María Adriana Marín).