La Corte Constitucional admitió varias demandas en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Se demanda, principalmente, la restructuración de la Contraloría General de la República (artículo 332); la destinación de los recursos del Fondo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (artículo 309 y siguientes); los aranceles a las importaciones y de aduanas nacionales (artículos 274 y 275); las prórrogas de los contratos de concesión minera (artículo 25 y varios) y el presupuesto de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, por vulnerar, supuestamente, distintos principios tributarios fijados por la Constitución Política de 1991. Detalle cada uno de los mencionados temas con los documentos adjuntos a esta nota.