El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la suspensión del ejercicio profesional por tres años y una multa de más de $ 30 millones a un abogado que incurrió, principalmente, en la falta prevista en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 del 2007, a título de dolo. Esta falta se configura cuando un jurista no entrega a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o por la demora en la comunicación de este suceso. Según la providencia, el disciplinado fue contratado para adelantar un proceso laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, en el cual le fue adjudicada la suma de $ 410 millones y de los cuales solo entregó a su cliente $ 100 millones. El disciplinado no le pidió documentación alguna ni la mantuvo al tanto del proceso (M. P. Magda Victoria Acosta).