El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar advirtió diferencias entre el rendimiento que tuvo ese despacho en el 2014 y las cifras de la corporación.
Los jueces que consideren que no podrán cumplir las metas de egresos fijadas deberán informarlo a la sala administrativa del correspondiente consejo seccional de la Judicatura.
El Consejo Superior de la Judicatura publicó un documento en el que registra el desempeño de los juzgados y tribunales del país entre el 1º de enero y el 16 de octubre del año anterior.
El Consejo de Estado no ha recibido respuesta sobre la posibilidad de prorrogar esos cargos, a su juicio indispensables para cumplir el compromiso de poner al día a la jurisdicción.
Las faltas disciplinarias están taxativamente señaladas en la ley, y es por la violación de las mismas, y solo por ello, que se investiga y juzga disciplinariamente a los profesionales del Derecho.
El Consejo de Estado le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura revocar el Acuerdo 10282 del 2014 y restablecer inmediatamente las medidas que venían operando hasta diciembre.
De otro lado, el Gobierno y las organizaciones sindicales del Inpec llegaron a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y buscar salidas a la crisis carcelaria.
La Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento, advirtió que las solicitudes de libertad por vencimiento de términos se pueden tramitar mediante hábeas corpus.
En los términos contabilizados en días no deben tenerse en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que, por cualquier circunstancia, permanezca cerrado el despacho.
El porcentaje de cargos no prorrogados corresponde al total de jueces y empleados que laboraban en edificios en los que no hubo atención normal al público.
Desde este viernes y hasta el reintegro de los empleados, en el 2015, se mantendrán suspendidos los términos en todos los expedientes a cargo de los despachos.
Las modificaciones introducidas a lo largo del decenio de implementación de este esquema de investigación y juzgamiento mantienen el debate sobre su eficiencia y la necesidad de seguirlo reformando.
En estos casos, aunque se cuenta con el mecanismo ordinario, debe tenerse en cuenta la imposibilidad material de agotarlo, por el cierre de los despachos judiciales.
Según Yesid Reyes, las peticiones encaminadas a convertir en salariales las bonificaciones de nivelación salarial costarían entre 3 y 6 billones de pesos.
El acto administrativo indica que esta nueva prórroga tiene en cuenta la disponibilidad de los $ 500.00 millones que el Gobierno se comprometió a aportar para el 2015.
En la época que vivimos, lo que interesa es importar modelos procesales extranjeros, sin contar con los recursos para poderlos implementar, ni tener en cuenta nuestra idiosincrasia.
Asonal Judicial se refirió a la necesidad de garantizar los planes de descongestión, pues lo contrario generaría un “caos de magnitudes incalculables”.
El jefe del Ministerio Público advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, corre la institucionalidad si se modifican las competencias de esa entidad.
La principal medida que se puede adoptar es reformar el recurso de casación. No puede seguir entrando todo a la Sala de Casación Laboral; el promedio es muy alto, señala el magistrado.
El funcionario también advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, corre la institucionalidad por la intención de modificar constitucionalmente las competencias de la Procuraduría.
Recientemente, la justicia estuvo a punto de sufrir una nueva parálisis por la posible supresión de cargos de descongestión. Si bien las medidas para reducir el número de expedientes han disminuido los inventarios, expertos piden acciones menos coyun
El Consejo de Estado calificó como inaceptable acudir al sistema de consulta que maneja la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Los despachos están estratégicamente ubicados en las zonas donde más se requiere la presencia de la administración de justicia, indicó el Consejo Superior de la Judicatura.
Desvincular a los ocho mil servidores de descongestión sería una medida con efectos negativos generalizados, mientras no se adopten correctivos eficaces.
Para el presidente de la corporación, la incidencia de las cortes en la elección de ciertos funcionarios no es un aspecto central en el funcionamiento de la justicia.
El impulso de un paquete normativo en diferentes ramas del Derecho y la fluidez de las relaciones con las altas cortes fueron dos logros del Gobierno. La fallida reforma a la justicia, su principal desacierto.
La medida, adoptada por solicitud de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conjura el cese indefinido de actividades al que había convocado Asonal Judicial.
Hace unas horas, los juzgados administrativos de Bogotá se declararon en asamblea permanente, por lo que solo atenderán acciones de tutela y hábeas corpus.
Según Asonal, el Acuerdo PSAA1410195, en el que se informa qué juzgados alcanzaron las metas, supone la supresión del 30 % de los cargos creados para la descongestión.
La sociedad, el Gobierno, la academia, los jueces, los fiscales y los abogados debemos modernizar la justicia, con la premisa de que la tecnología facilite nuestro trabajo.
Con el ánimo de facilitar la gestión y garantizar los principios de celeridad y economía procesal, la agencia implementó un buzón judicial exclusivo para notificaciones.
El Acuerdo PSAA-1310073 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que impone la gradualidad, solo se puede aplicar a asuntos comerciales y civiles.
El expediente electrónico es, inclusive, más seguro que un documento físico, asegura María Victoria Quiñones, magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena.
El reto es garantizar que el abogado pueda adelantar cualquier trámite por canales informáticos a distancia, sin necesidad de trasladarse a los diferentes despachos.
“Hay que revisar el conocimiento de las acciones de tutela por parte de las altas corporaciones y permitirles que sean ellas quienes controlen sus propias decisiones”, afirma el Presidente de la Corte Suprema
“En materia de oralidad, no tenemos las suficientes salas de audiencia. En el Consejo de Estado ya tenemos un represamiento grave”, advirtió la nueva presidenta del alto tribunal.
ÁMBITO JURÍDICO, en alianza con el Instituto Libertad y Progreso (ILP), publicará una serie de entrevistas cuyo tema principal es cómo avanzar hacia la modernidad en Colombia.
A partir de la fecha, continúan los términos de los procesos judiciales que se encuentran suspendidos desde el 20 de diciembre de 2013, cuando inició dicho periodo.
Las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura responden a la gradualidad fijada por la Ley 1395 del 2010 y el Código General del Proceso.
Durante ese periodo, continuarán trabajando los jueces penales y de familia, así como la Sala Administrativa del Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
En conciliación, no hay ganadores ni vencedores, sino una satisfacción común, afirma la mejor conciliadora en Derecho del país según la Fundación Talid.
La mora para decidir asuntos judiciales le ocasiona graves perjuicios a la administración de justicia y desconoce los principios de celeridad y eficiencia.
Magistrados de la región se reunieron en días pasados en Ciudad de Panamá con representantes de la sociedad civil, para analizar el estado de la independencia judicial en sus países.
La entidad les solicitó a las procuradurías regionales y provinciales apoyar dicha gestión y tramitar con prontitud las solicitudes elevadas en las diferentes ciudades del país.
La imposición de penas irrisorias o concesión de beneficios sin sustento a quienes se acogen a esa figura ha despertado las críticas sobre su aplicación.
No parece sensato haber impuesto esta carga para promover cualquier proceso que contenga una pretensión dineraria, porque ello afectará gravemente los derechos de muchos ciudadanos.
El encuentro se da casi dos semanas después del llamado que hizo la Sala Plena del Consejo de Estado sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de descongestión.
Cuando la valoración probatoria es arbitraria y abusiva, se configura un desconocimiento del debido proceso, que hace procedente la tutela contra sentencias.
Las TIC para el acceso a la justicia permitirán descongestionar los despachos, mejorar la calidad de las decisiones y conservar la memoria judicial como patrimonio histórico.
La ampliación cobija algunos cargos de descongestión en tribunales y crea una nueva plaza transitoria por cada despacho de magistrado en la Corte Constitucional.
Esta contribución parafiscal se aplicará a todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones previstas en la Ley 1653 del 2013.
El plan de acción para la implantación de este esquema en los procesos de Justicia y Paz no orienta a una mejor coordinación interinstitucional ni atiende algunas recomendaciones de la Fiscalía de la CPI.
La posibilidad de que los servidores públicos se amparen en ese derecho para negarse a adoptar decisiones referentes a la IVE y las uniones homosexuales revivió el debate en la materia.
En un año se presentaría una propuesta de reforma a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, para agilizar las decisiones de los jueces y fortalecer la labor de investigación de la Fiscalía.
Para esta novel abogada, activista de los derechos de las personas en situación de discapacidad, la inclusión ha mejorado, pero falta mucho para equipar oportunidades.
El entorno en el que opera nuestra justicia es complejo y ofrece grandes retos, afirma el director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia.
La medida hace parte de un plan de trabajo del Ministerio de Justicia y el alto tribunal, que busca viabilizar proyectos para modernizar la infraestructura física y tecnológica de la justicia.
La Ley 1618 del 2013 plantea nuevos retos para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que van desde su reconocimiento como sujetos activos del sistema judicial, hasta la reformulación del sistema de interdicciones.
La corporación indicó que fueron implementados 15 juzgados nuevos especializados en restitución de tierras, para un total de 54 despachos judiciales hasta la fecha.
La Sala Penal advirtió sobre los efectos nocivos que tienen las transformaciones sistemáticas en materia penal adoptadas sin que medien estudios criminológicos.
La Contraloría insistió en que no es viable realizar el pago correspondiente a los meses de octubre y noviembre, pues no se prestó el servicio de justicia.
El ajuste, que será gradual y terminará en el año 2018, empezará a surtir efectos desde este mes, con la aplicación de un complemento mensual para cada cargo.
Cerca de 168.000 asuntos judiciales se vieron afectados por el cese de actividades, indicó la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El hecho de que muchos delitos menores sean fáciles de investigar está causando que delitos como masacres, desapariciones o desplazamientos no sean investigados de manera prioritaria, advirtió el Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA
Aun cuando no existe claridad sobre la aplicación de la derogatoria del beneficio, existen opiniones encontradas sobre sus consecuencias. Expertos analizan el panorama de esta acción constitucional.
Los funcionarios que continúen sin asistir de manera injustificada a sus puestos de trabajo deberán asumir las consecuencias de ley, advirtió la entidad.
Entre los acuerdos, se propuso la conformación de una mesa técnica paritaria, que estudiará la distribución de los recursos destinados a la nivelación salarial.
La rectificación que hagan los operadores judiciales no puede desconocer la confianza legítima que los sujetos procesales depositaron en la autoridad pública.