Nicolás Pájaro Moreno: “En muchos casos, acudir a la justicia es un calvario para el ciudadano”

La Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional apoya la formulación de política pública para garantizar que el ciudadano pueda acceder a este servicio. Al frente de esa división del Ministerio de Justicia y del Derecho (Minjusticia) se encuentra Nicolás Pájaro Moreno, un joven abogado externadista que, luego de su paso por el sector privado, se encaminó laboralmente al servicio público de justicia.

 

Según explica Pájaro, aún subsisten en la administración de justicia estructuras, esquemas y modelos de gestión inadecuados e, incluso, anacrónicos. “Es paradójico que, en el marco de una sociedad globalizada, el sistema todavía se valga de los mismos mecanismos procesales de los códigos judiciales del siglo XIX”, explica.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué labores, específicamente, ejecuta la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional?

 

Nicolás Pájaro Moreno: Desde aquí, trabajamos para determinar cuáles son las barreras que impiden que el ciudadano pueda defender sus derechos ante los distintos órganos de la justicia formal y realizamos las gestiones necesarias para eliminarlas o mitigarlas. En ese sentido, preparamos proyectos de regulación, servimos de puente entre el Gobierno y la Rama Judicial para la implementación de políticas conjuntas y apoyamos el levantamiento de múltiples barreras al acceso a la justicia, como ocurre con las víctimas de violencia intrafamiliar basada en género, entre otros temas. Últimamente, impulsamos encuentros entre los distintos actores en las regiones, para verificar el estado de la justicia en el ámbito local y promover iniciativas que mejoren la cobertura y la calidad del servicio.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los retos más importantes?

 

N. P. M.: El entorno en el que opera nuestra justicia es complejo y ofrece grandes retos. Gran parte de ellos se hacen evidentes de la simple observación de la realidad de la justicia, como las necesidades de descongestión, de racionalización del uso de los mecanismos procesales, de gestión del cambio cultural, de modernización de la justicia e implementación de las nuevas tecnologías, entre otros.

 

De acuerdo con informes internacionales, Colombia tiene una de las justicias más lentas del mundo. Doing Business 2013 nos ubica como la séptima más demorada, entre 185 países. Otros estudios, como el que realizan el World Justice Project y el Foro Económico Mundial, también nos sitúan en los últimos lugares, cuando se trata de analizar si en los procesos existen demoras injustificadas. 

 

Á. J.: ¿Qué factores inciden en esas bajas calificaciones?

 

N. P. M.: El más notorio es la congestión judicial: al 2012, la Rama Judicial tenía más de 2.200.000 expedientes inventariados, para ser resueltos por unos 4.800 despachos judiciales, organizados en una estructura jerárquica compleja. 

 

Además, debe tenerse en cuenta la alta demanda de servicios de justicia. Al año, en el país se presenta una cifra muy por encima del medio millón de tutelas. Algunos jueces reciben para su conocimiento una suma cercana a los 2.000 expedientes anuales.

 

A ello se suma que vivimos en un país en el que predomina la cultura de la litigiosidad, en el que es común ver que los procesos se extienden indefinidamente, debido a las estrategias dilatorias a las que, infortunadamente, recurren no pocos abogados. Acudir a la justicia, en muchos casos, se convierte en un calvario para el ciudadano, que se ve envuelto en un ir y venir de memoriales, recursos, nulidades y en un atropellado viaje hacia una sentencia que tal vez nunca llegue.

 

Á. J.: ¿Cómo está el país frente a la atención de la violencia basada en género?

 

N. P. M.: En los últimos años, se han registrado cifras alarmantes en esta materia. La violencia intrafamiliar y, dentro de esta, la basada en género, ha generado un número preocupante de víctimas, algunas tristemente fatales. Pero, más grave aún, en el imaginario de la población y de los mismos funcionarios, no existe una sensibilidad hacia los temas de género que permita atender y decidir adecuadamente a las víctimas que acuden a la justicia. Por eso, el Minjusticia desarrollará un ambicioso programa de capacitación a los comisarios de familia, para brindarles herramientas que les permitan mejorar en la atención a las mujeres víctimas de violencia basada en género.

 

Á. J.: ¿Cómo se compagina el trabajo de la justicia formal y jurisdiccional con mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC)?

 

N. P. M.: Nuestro ordenamiento permite que el ciudadano acuda a la justicia formal o a los MASC, según sus preferencias y sus necesidades. Una sentencia judicial tiene exactamente el mismo valor que un acuerdo conciliatorio, una transacción o un laudo arbitral. La tarea que cumplen los jueces representa una función trascendental para el Estado.

 

Sin embargo, es importante que no toda controversia se lleve ante los jueces y que el ciudadano también conozca y haga uso de los MASC. En muchas ocasiones, la conciliación, por ejemplo, puede ser una alternativa mucho menos costosa, más expedita y sencilla frente a muchos procedimientos judiciales. Además, en los acuerdos conciliatorios se promueve el acercamiento de las partes y la reconciliación y se evita la contienda que caracteriza los procesos judiciales.  

 

Á. J.: En su carrera profesional usted ha trabajado en el sector privado y ahora en el servicio público. ¿Qué diferencias percibe entre estos sectores?

 

N. P. M.: La experiencia profesional de ambos sectores es muy distinta. En un lado, el abogado se desempeña en defensa de los intereses de su cliente; en el otro, se trata de realizar el interés general en la aplicación del Derecho o en la formulación de política pública.

 

En muchos casos, algunos aspectos de lo segundo se facilitan cuando se conoce de primera mano la lógica, los incentivos y las herramientas con los que trabajan los particulares. He visto que la experiencia es análoga cuando del sector público se pasa al privado, pues comprender las dinámicas internas de las entidades públicas puede facilitar la representación de los clientes. En todo caso, ambas experiencias generan grandes satisfacciones. 

 

 

Nicolás Pájaro Moreno

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado de la Universidad de Los Andes.

 

Cargos desempeñados: asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho (Minjusticia), profesional especializado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y abogado de Rodríguez Espitia Abogados y de Manrique y Asociados S. A.

 

Ocupación actual: Director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Minjusticia y docente universitario.