Ratifican condena contra Aída Merlano por violación de topes o límites de gastos en campañas electorales
La excongresista fue condenada a más de cinco años de prisión, interdicción y multa de más de $3.000 millones.
La excongresista fue condenada a más de cinco años de prisión, interdicción y multa de más de $3.000 millones.
La UNP no tuvo en cuenta la vulnerabilidad asociada a los desplazamientos que su labor le exige al accionante.
Se cumplen requisitos ante la posibilidad de haber incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública.
Corte confirma fallo que absolvió a una mujer que había sido acusada como determinadora de hurto calificado. En el proceso no se demostró más allá de toda duda razonable que ella indujo a otra persona a robar dinero.
Sala Penal confirma condena a un sujeto como autor del delito de usurpación de derechos de propiedad industrial que cambió su nombre y lo utilizó para promocionarse como cantante y suscribió contratos de prestación de servicios para realizar conciertos.
EL Instituto Nacional de Medicina Legal adoptó las nuevas versiones de los Estándares Genéricos de Competencias para la Certificación de Peritos Forenses (EGCCPF).
Los actos de investigación que se realizan antes del juicio oral solo adquieren el carácter de prueba en la medida que se descubran en el escrito de acusación.
La Ley definió que cuando los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas se realicen sobre menor de 18 años se aumentará en la mitad de la misma pena.
La iniciativa hace reformas al Código Penal y otras normas como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código de Extinción de Dominio.
La Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena contra un hombre por porte de armas, pero, por dudas, lo absolvió por intento de homicidio.
Recuerdan el deber que tienen las autoridades públicas de adelantar y resolver las actuaciones a su cargo de forma diligente y oportuna.
Si bien la materialización del delito no requiere que el propósito perseguido por el agente sea alcanzado, sí es necesario que el medio fraudulento utilizado tenga la potencialidad de conseguir ese fin.
A las personas que pertenecieron a organizaciones armadas que enfrenten las fuerzas del Estado y se acogieron al mencionado instrumento de desmovilización no les aplica “privilegio del combatiente”, pues no es un conflicto armado internacional.