La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, vida y seguridad e integridad personal del accionante, en su calidad de abogado defensor de derechos humanos y consideró, además, las amenazas de las que este ha sido víctima. Lo anterior teniendo cuenta que la Unidad Nacional de Protección (UNP) redujo su esquema de protección.

Según el alto tribunal, dicha entidad no llevó a cabo una evaluación del nivel de riesgo del accionante con fundamento en un examen integral, individualizado y razonable de todas las variables de la matriz de calificación de riesgo. En ese sentido, agregó, omitió completamente o valoró irrazonablemente la falta de avances en las acciones penales, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y naturaleza de los procesos que lleva el accionante. 

De otra parte, la UNP no justificó de forma clara, coherente y objetiva la conclusión sobre la calificación del nivel riesgo del accionante, ya que no explicó el porcentaje ponderado del nivel de riesgo, ni el puntaje que asignó a cada variable. Así mismo, no motivó de forma suficiente y objetiva la necesidad de reducir el esquema de seguridad, ni justificó la idoneidad y eficacia del nuevo esquema de seguridad que adoptó.

La Sala consideró que la UNP no tuvo en cuenta la vulnerabilidad asociada a los desplazamientos del accionante, quien manifestó en el escrito de tutela que su labor lo obliga a desplazarse a zonas de alta peligrosidad, tales como los departamentos del Atlántico, Antioquia, Magdalena, Córdoba y Cesar, donde hacen presencia algunos de los grupos a quienes sus representados en casos ante tribunales nacionales e internacionales atribuyen responsabilidad de múltiples ilícitos.

La Corte dejó sin efectos los actos administrativos cuestionados, ordenó a la UNP expedir una nueva evaluación del riesgo debidamente motivada y dispuso el restablecimiento transitorio del esquema de protección con el que contaba el accionante, mientras se lleva a cabo el nuevo estudio del nivel de riesgo. De otra parte, exhortó a la Fiscalía General de la Nación a fortalecer la investigación y judicialización de los responsables de los delitos de amenazas contra el accionante (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera).

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