Si bien se reconoce la jurisdicción de las autoridades ancestrales dentro de su ámbito territorial, también se les recuerda que “no está permitido es utilizar la jurisdicción indígena para tramitar procesos amañados”.

La Corte Constitucional protegió el derecho a la defensa técnica y a la doble conformidad de un ciudadano que no conoció las posibilidades de impugnar su condena.

Es el único medio que permite que pueda surtirse un proceso penal en contra de los responsables de estos delitos.

La Fiscalía no acreditó más allá de toda duda que el procesado tenía capacidad económica o ingresos para cumplir.

Tras reconocer que los huéspedes vieron afectada su intimidad, se concluyó que no era procedente excluir las pruebas de observación.

La Corte hace un llamado de atención a los funcionarios judiciales de actuar con debida diligencia, sopesando los derechos de todos los sujetos procesales.

El proyecto de seguridad ciudadana modificaría las penas por hurto, estableciendo diferencias según la cuantía.

La conducta sancionada se relaciona con realizar una descripción típica sancionable a título de dolo, en razón o con ocasión de la función o cargo.

De otra parte, los reclusos conservan su afiliación en salud mientras cumplan las condiciones previstas.

Escoger el procedimiento de la Ley 906 del 2004 no puede llegar al extremo de que ese ejercicio libre torne nulo lo actuado en el sistema anterior.