Sistema penal acusatorio: ¿quién podrá salvarlo?

Miguel González Sánchez

Abogado penalista

El sistema penal acusatorio representaba un hito en la forma como se administraba justicia, con él se buscaba agilizar los procesos mediante audiencias orales que debían desarrollarse en sesiones rápidas, dotar de mayores garantías al investigado a través de un sistema de partes en el que un juez imparcial tomaba la decisión de condenar o absolver luego de la práctica de pruebas, controlar a través de un juez de control de garantías las ocasiones en las que una persona se podía privar de la libertad preventivamente o no, entre otras.

Si bien en el 2025 se cumplen 20 años de haberse puesto en funcionamiento el “revolucionario” procedimiento, que valga decir ha presentado avances, aún no contamos con soluciones definitivas que permitan encontrar el sistema soñado, atendiendo que, en un reconocimiento de la realidad, aún persiste la congestión judicial, los procesos se tornan interminables, la imparcialidad en muchas ocasiones se cuestiona notablemente y las estadísticas demuestran que los establecimientos carcelarios permanentes y transitorios están a reventar.

Frente a las reformas con las que se ha pretendido dar solución a estos problemas, no previstos desde la creación del sistema, debo reconocer que de mi parte solo hay resignación respecto a que las transformaciones a través del Legislativo no parecieran ser el mecanismo idóneo para brindar soluciones reales; por el contrario, lo han complejizado a través del incremento de penas, limitantes para beneficios, restricciones en las negociaciones, por mencionar solo algunos de ellos.

Así las cosas, esta situación nos lleva por descarte a quienes, en mi criterio, son los únicos llamados a hacer frente a los problemas de la administración de justicia, por ser quienes lo vivimos en carne propia, entiéndase, jueces, fiscales y defensores. Si bien, cada uno desde su rol representa intereses específicos, no significa necesariamente que no pueda existir concordancia en puntos claves que puedan generar un sistema mejor, entendiéndose como la posibilidad de sacar avante situaciones que en nada afecten garantías, pero que propugnen por un sistema más ágil y garantista.

Para esto, propongo cuatro puntos esenciales que se deben aplicar en el 2025 con miras a mejorar el funcionamiento del sistema y, por ende, encontrar su salvación:

(i) Acudir a las terminaciones anticipadas dentro del proceso penal, esto es, la aceptación unilateral de cargos, preacuerdos, principio de oportunidad, reactivando esta última para delitos como la violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, entre otros, que congestionan tanto el sistema.

(ii) Llevar a cabo intervenciones orales prácticas, pero que aborden los puntos esenciales de nuestra pretensión, dejando de lado planteamientos excesivamente largos, superfluos e innecesarios que lo que hacen es aburrir al juez.

(iii) Solicitar órdenes de captura y ,en consecuencia, medidas de aseguramiento privativas de la libertad en casos que solo por su complejidad lo ameriten, descartando el peligro para la comunidad como único presupuesto para elevar la solicitud.

(iv) En delitos donde exista afectación al patrimonio económico en sumas menores, se podría buscar soluciones por la vía de la jurisdicción civil, incluso, a través de centros de conciliación. Para el caso, propongo los siguientes delitos: abuso de confianza, estafa o hurtos menores.

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