La reforma tributaria y el cabildeo

Juan Camilo Serrano Valenzuela

Abogado y asesor tributario

juancserval@gmail.com

El cabildeo, entendido como las actividades realizadas por sectores para ganar voluntades y obtener decisiones favorables a sus propios intereses, es una práctica muy común en las democracias modernas, principalmente cuando se trata de la toma de decisiones económicas, y, entre ellas, las tributarias son especialmente sensibles a esta práctica.

En la antesala de una reforma tributaria, acudir al cabildeo para mantener los beneficios, exenciones y privilegios de los que se ha gozado durante años es muy común y parte de nuestro paisaje legislativo.

Incrementar los ingresos tributarios y lograr una más justa y equitativa contribución son principios de todos los analistas, pero siempre buscando recursos de sectores económicos distintos al suyo, para lo que se acude al cabildeo y se prueba la influencia con que cada quien se presenta ante el Congreso y el Gobierno.

Al final de la jornada legislativa el resultado es casi siempre el mismo: quienes más aportarán son quienes carecen de influencia, sea por el aumento de las tarifas o el incremento de recursos con impuestos indirectos que afectan a la comunidad en general, sin importar, en la mayoría de los casos, el principio de progresividad ni la vulnerabilidad de los contribuyentes que al final pagarán los mayores ingresos para el posconflicto, para aligerar el déficit fiscal o para lo que sea.

Equilibrar el cabildeo es el reto del Gobierno y el Congreso en el proceso de reforma que se avecina, pues ya hay oposición a la tributación sobre dividendos, a la eliminación de beneficios innecesarios y eternos a favor de sectores que han evidenciado su eficaz influencia para la conservación de sus privilegios.

Temas como gravar los dividendos han sido satanizados como si la doble tributación fuera, en sí misma, pecaminosa, cuando lo que se obtiene con una adecuada fórmula de distribución de la carga tributaria es el estímulo a la conservación de utilidades empresariales como capital productivo y no de consumo para accionistas y socios que son quienes, al final, gozan de las utilidades. El reto es mantener la tarifa actual o, incluso, menor, pero distribuida entre sociedad y socios.

Lo verdaderamente importante será, como en todas las nuevas disposiciones que se aprueben, el establecimiento de mecanismos de control para evitar distribuciones indirectas de dividendos, la utilización de regímenes especiales para burlar la tributación y otras formas de eliminar los efectos de los ajustes legales para lo que, indudablemente, el fortalecimiento del control administrativo será indispensable.

Gravar los dividendos garantiza progresividad, pues recaerá de manera más intensa sobre los que reciben mayores sumas por dividendos que sobre los pequeños accionistas.

La tributación en cascada, en cambio, -esa sí pecaminosa- parece no tener importancia para los académicos y nadie hace lobby para evitarla.

Pagar impuesto de renta sobre todo o parte de lo pagado por el GMF, o impuesto al consumo liquidado sobre los valores ya gravados con IVA o cobrar renta sobre el pago de otros impuestos resulta no solo injusto, sino contrario a la lógica impositiva.

Mucho se ataca la doble tributación, que no siempre procede de la misma actividad e interés económico, pero nada se opina sobre la cascada impositiva, pues quienes están sometidos a ese fenómeno poco pueden influir por su limitada capacidad de cabildeo.

La tributación de las entidades sin ánimo de lucro, tan de moda en las propuestas gubernamentales, más parece orientada a la eliminación de ventajas competitivas a quienes realizan actividades rentables para invertirlas en fines “meritorios” que al efectivo control de esos recursos, como si el interés mayor fuera la protección de la libre competencia sobre el bien general que otorga la inversión en el servicio social, lo que se ha vendido con un buen cabildeo.

No es posible eliminar el cabildeo. Corresponde al Congreso garantizar que sea responsable, que los argumentos aceptados privilegien los altos intereses de la Nación y no de los de sectores con gran capacidad de influencia, pues se generan inequidades que en el mediano plazo resultarán contraproducentes.