Instrumentos financieros internacionales en la lucha contra el cambio climático

Ricardo A. Villalba

Sloan Fellow, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

La Nación, las entidades territoriales, las empresas estatales (principalmente de la industria minero-energética) y el sector privado han participado recurrentemente en el mercado internacional de deuda. El país ha consolidado un activo reputacional estratégico por cuenta del cumplimiento de las obligaciones crediticias, su disciplina fiscal y, en general, sus condiciones macroeconómicas.

Este acceso permanente a los mercados financieros internacionales ha permitido adelantar programas de desarrollo y proyectos de inversión en el sector público y privado. Así, por ejemplo, las medidas ambientales de los gobiernos se han desarrollado con recursos corrientes y fuentes internacionales, tales como organismos multilaterales de crédito, emisiones de deuda y cooperantes internacionales. Durante el año 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Minhacienda) emitió TES verdes y adoptó el Marco de Referencia de Bonos Verdes Soberanos.

A pesar del ritmo de la recuperación económica, los canales tradicionales podrían ser insuficientes frente a la creciente demanda y urgencia de las medidas de mitigación del cambio climático, lo cual se traduce en la importancia de explorar esquemas de financiación sostenibles (sustainable finance) acordes con una estrategia de optimización de la deuda y la estabilización de las finanzas públicas.

Recientemente, se ha mencionado el canje de deuda pública como un mecanismo para reducir la deuda externa y liberar recursos para la protección del medioambiente. A pesar de su novedad, se trata de un instrumento planteado, por primera vez, en 1984, con antecedentes en Chile, México, Brasil y Perú. Esta alternativa financiera combina la identificación de ventanas de mercado favorables con sofisticados esquemas convencionales bilaterales (deudores y acreedores) o tripartitos (inversionistas, gobiernos y donantes/financiadores).

La estructuración jurídica de estos esquemas requiere de un adecuado estudio sobre las distintas dimensiones de las transacciones sometidas a leyes extranjeras y nacionales. De una parte, las condiciones actuales del endeudamiento y los potenciales participantes, incluyendo entidades financieras internacionales y organizaciones no gubernamentales. De otro lado, la coordinación entre el Minhacienda, entidad encargada de autorizar y manejar técnicamente la deuda pública externa, y las instituciones u organizaciones encargadas del diseño de políticas o ejecución de los proyectos ambientales que surjan de esta operación.

Al margen de eventuales ajustes regulatorios, los actos jurídicos que involucran el manejo de la deuda estatal se rigen por el régimen de las operaciones de crédito público contenido en el Decreto 1575 del 2022 y, en particular, podría ser pertinente considerar lo previsto para las operaciones de conversión o sustitución que contribuyen a mejorar el perfil de la deuda y, en ningún caso, incrementan el endeudamiento neto estatal.

Existen algunos antecedentes relevantes en la materia. En el año 2004, Colombia y EE UU suscribieron el acuerdo “Debt-For-Nature Swap”, para reducir la deuda entre ambos países (10 millones de dólares, aproximadamente) y orientar los ahorros a impulsar la adopción de medidas de protección, conservación y restauración de los bosques tropicales. En el año 2021, Belice ejecutó una conversión de su deuda nacional por 364 millones de dólares, asumiendo el compromiso de destinar los recursos liberados a un fondo de conservación del ecosistema marino. Esta última transacción representó una disminución de la deuda de Belice equivalente a 12 puntos porcentuales de su PIB.

Sin duda, el caso colombiano ameritaría el análisis de ciertas particularidades, derivadas, entre otros factores, de las características del portafolio de deuda (composición, curvas de rendimiento y calificación), el reconocimiento como uno de los países más biodiversos, posibles esquemas de negociación multilateral o regional y el carácter transversal de los asuntos ambientales (por ejemplo, transición energética, minería sustentable, posconflicto, sustitución de cultivos y desarrollo rural).

Por último, valdría la pena abordar la aplicación de estos mecanismos de sustainable finance para la mitigación o recomposición del endeudamiento de las empresas estatales o privadas que tengan a cargo proyectos asociados a recursos naturales estratégicos (como embalses, energías renovables, represas, recursos minerales o energéticos, infraestructura, etc.), así como la estructuración de figuras disruptivas de contrapartidas, blockchain o legaltech para el levantamiento de capital o la sindicación de las operaciones.