La prohibición de enajenar bienes sujetos a registro
No existe un motivo razonablemente válido para que se imponga de oficio una medida cautelar que vulnera el principio adversarial.
No existe un motivo razonablemente válido para que se imponga de oficio una medida cautelar que vulnera el principio adversarial.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aunque bien intencionada, la laboralización del contrato de aprendizaje podría reducir aún más las oportunidades de empleabilidad juvenil.
En las reuniones no presenciales y mixtas se debe garantizar que la comunicación sea sucesiva y simultánea para que no se obstruya el derecho de los asociados a deliberar y decidir.
Un reciente fallo analizó si el administrador designado de la propiedad horizontal es el único legitimado para interponer una acción de protección al consumidor contra la constructora.
Un estudio reciente demuestra que las mujeres tienen una mayor probabilidad de sufrir lesiones graves y hasta morir en el choque producido por un accidente automovilístico.
Un reciente pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral frente a la calificación de faltas previstas en reglamentos y contratos de trabajo genera dudas sobre la materia.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, en el año 2019, solo cinco contribuyentes de la industria deportiva hicieron tales aportes tributarios, por valor de 231.506.000 millones de pesos.
¿Por qué sigue vigente esa obligación, si el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de circulares que ordenaban dicha publicación?
Evaluar el rendimiento de un cargo es necesario en toda empresa. El foco en la mejora continua es un mandato de nuestro tiempo.
Esta es la segunda vez en su historia que la Organización Internacional del Trabajo pide a la Corte Internacional de Justicia que interprete uno de sus convenios.
Hay que articular las capacidades de las instituciones gubernamentales con el objetivo de desarrollar políticas públicas que estén en sintonía con las necesidades de la comunidad.
La Ley 1010 del 2006 debe integrarse con lo previsto en la Ley 1257 del 2008, así como en el Convenio 190 y en la Recomendación 206 de la OIT, que, en conjunto, brindarán una protección holística.