Los Estados deben adoptar medidas judiciales, legislativas y administrativas para corregir excesiva aplicación de la detención preventiva (3:11 p.m.)

Con el apoyo financiero del Fondo Español para la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe sobre las medidas orientadas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, aprobado el 3 de julio del 2017 y que presenta como conclusión que el uso excesivo de este mecanismo es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los estados miembros de la OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad. El mismo incorpora una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados, tanto de naturaleza legislativa y administrativa como judicial, con el fin de que el uso de dicha figura como medida cautelar penal resulte compatible con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. La presente edición del informe plantea también un modelo más detallado en cuanto a la adopción de medidas específicas que buscan reducir el uso de la prisión preventiva de acuerdo con estándares internacionales, tales como la revisión periódica del régimen de prisión preventiva, la realización de audiencias en las cárceles, la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva, los mecanismos electrónicos de seguimiento y los procesos restaurativos en materia penal.