¿Puede el Gobierno intervenir el mercado inmobiliario para controlar costo del arriendo?

Se está desarrollando un debate en torno al incremento de los arriendos en el país. El presidente Gustavo Petro afirmó que el último resultado de la inflación no fue afectado por la tasa de interés, sino por la fórmula con la que se paga a los generadores eléctricos y por razón del mercado inmobiliario, al que acusó de transitar “el camino de la especulación”.

El señalamiento del Gobierno es que los arrendadores suben precios más rápido que la inflación y, en ese sentido, su idea es operar cambios en el mercado para controlar los costos. ¿Puede el Presidente de la República intervenir el mercado inmobiliario?

Es bueno recordar que los arrendamientos no necesariamente se incrementan automáticamente en enero, sino cuando el contrato cumple 12 meses de haberse firmado o a partir de la última renovación o prórroga, y que el aumento definido es legal siempre y cuando no supere el 1 % del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se encuentre arrendada, respetando el máximo del 2 % del valor catastral del mismo.

Veamos lo que dice la Ley 820 del 2003:

“El incremento de los arriendos de vivienda urbana ha sido menor al 9,28 % autorizado por la ley, pues apenas llegó a 8,07 %. Esto porque el mercado formal de arrendamientos tiene unas regulaciones claras y establecidas en la Ley 820 de 2003”, explicó Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas.

Según el Informe del Mercado Inmobiliario de Fedelonjas, a junio, la relación del canon mensual sobre el valor comercial de la vivienda, en diferentes estratos, no supera el 0,59 %. Esto significa que está por debajo del límite establecido por la ley.

Además, el gremio dice que el resultado del IPC muestra que, a junio, el costo de los alimentos y el transporte urbano son los que más han contribuido a la inflación con 0,72 % en alimentos y bebidas no alcohólicas y de 0,58% en transporte, mientras los arriendos han contribuido con 0,44 % en lo corrido del año.

Como se ve, cualquier reforma al costo de los arriendos necesariamente debe pasar por el Congreso, pues está definido en la Ley 820.

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