Consejo de Estado sobrepasa los límites fijados para reconocer perjuicio moral a periodista

El Consejo de Estado condenó al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a reparar los daños causados a una periodista y a su familia por la persecución ilegal y episodios de tortura sicológica de los que fue blanco a raíz de la investigación que adelantó por el asesinato del humorista Jaime Garzón.

Los seguimientos habrían iniciado en el 2001, luego de un secuestro que sufrió en la modalidad de paseo millonario, en el que expresamente se le dijo que la acción era una respuesta a su investigación. La demandante señaló que la presencia permanente de vehículos tipo taxi cerca de su casa, uno de los cuales se habría confirmado que pertenecía al DAS, entre otras circunstancias, la obligaron a exiliarse en el exterior.

Tras su retorno a Colombia y su vinculación al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el 2003, habría continuado la persecución a través del grupo G-3, una unidad del DAS a la que se le atribuyen los seguimientos ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos y representantes del poder judicial que condujo a la supresión del organismo de seguridad. De allí habrían surgido las amenazas a su hija, que la obligaron a exiliarse de nuevo. La demandante advirtió que la persecución no terminó y que así se lo hizo saber a las autoridades penales y disciplinarias, sin lograr resultados.

Para la alta corte, por tratarse de una violación a derechos humanos, en un hecho en el que participaron funcionarios del extinto DAS faltando a sus deberes funcionales, resulta posible desbordar los límites tradicionalmente otorgados y valorar el perjuicio moral para este tipo de circunstancias en las que el daño es producto de la comisión de una conducta punible.

Lo anterior teniendo en cuenta: i) las condiciones en que fue amenazada, perseguida y torturada sicológicamente la periodista y ii) el móvil terrorista del delito, el cual tuvo como propósito infundir temor a las personas que realizaban labores de intermediación humanitaria y ser opositoras del gobierno nacional, hechos que constituyen sin duda una violación a los derechos humanos, lo cual permite a la Sala inferir que la congoja y aflicción de sus familiares cobró, en este caso particular, la mayor intensidad. La periodista recibirá $ 2.200 millones al probarse que el DAS le realizó seguimientos ilegales y tortura sicológica. (C. P.: Marta Nubia Velásquez Rico).