Aprobado en primer debate proyecto de ley que crea el Estatuto de Conciliación

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate, y por unanimidad, el proyecto de ley 08/21S, por medio del cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones, una iniciativa que busca fortalecer el uso de la conciliación como una herramienta de acceso a la justicia.

Este proyecto compila en una sola ley toda la normativa existente en materia de conciliación, un aspecto de capital importancia considerando que actualmente se deben consultar 15 normas diferentes relacionadas con el tema, lo cual genera ineficiencia. (Lea: Minjusticia radicó dos proyectos para modificar el estatuto arbitral y crear un estatuto de conciliación)

Además, introduce los medios virtuales en los procesos de conciliación con el objetivo de que en adelante haya mayor acceso y eficiencia para que la solución de conflictos beneficie realmente a todos los colombianos.

El proyecto amplía también la capacidad de los notarios, autorizándolos a crear centros de conciliación, y permite que existan centros de este tipo especializados en atención de grupos vulnerables.

Otro punto para destacar es que la iniciativa introduce la figura del servicio voluntario y gratuito en los centros de conciliación, lo cual permitirá cumplir con los esquemas de responsabilidad social y de acceso de justicia en condiciones de calidad e idoneidad.

Una de las modificaciones que adoptaría el proyecto, de resultar aprobado, es que cuando la cuantía de la solicitud de conciliación sea por un monto igual o superior a los 5.000 salarios mínimos mensuales dentro del proceso deberán intervenir tres agentes del Ministerio Público con el fin de vigilar el proceso, garantizar su transparencia y minimizar los riesgos de corrupción.

Finalmente, fortalece las funciones de inspección, control y vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los centros de conciliación; reglamenta el régimen disciplinario de los conciliadores en derecho, en equidad y de los servidores públicos facultados por la ley para conciliar; incluye la regulación de la conciliación judicial y crea los programas locales de justicia en equidad y el Sistema Nacional de Conciliación.