Consejo de Estado confirma sanción contra funcionaria que agredía verbalmente a subalternos

El Consejo de Estado confirmó la sanción disciplinaria de inhabilidad por 10 años que la Procuraduría Regional le impuso a una registradora de instrumentos públicos de Calarcá (Quindío) investigada por acoso laboral.

Según la del Ministerio Público, “no existía armonía en el trabajo ni cordialidad en el diálogo, sus subalternos se sentían permanentemente vigilados por su superior jerárquico que, además, confundía el tono de voz con la agresividad verbal”.

De acuerdo con el alto tribunal, la sanción impuesta no podía anularse, porque se cumplieron los requisitos que fija la Ley contra el Acoso Laboral (Ley 1010 del 2006) sobre la oportunidad para poner tales situaciones en conocimiento de las autoridades.

El fallo señala que fueron varias las quejas recibidas contra la funcionaria, porque, según sus subalternos, los trataba frecuentemente de “mongólicos, brutos, ignorantes, trogloditas, empíricos”; les negaba permisos para asistir a citas médicas, y les “chasqueaba los dedos en la cara diciendo que si no les gustaba se podían ir”. Incluso, una de las trabajadoras habló de agresión física.

En su defensa, la funcionaria argumentó que no había incurrido en ninguna falta que ameritara la destitución del cargo, pues lo que ella ejerció fue un nuevo estilo de liderazgo e implementó exigencias administrativas que generaron malestar entre los empleados, “a tal punto de desencadenar sentimientos de animadversión en su contra”.

(Consejo de Estado, comunicado, ago. 23/13, C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez)