Ratifican condena contra Aída Merlano por violación de topes o límites de gastos en campañas electorales
La excongresista fue condenada a más de cinco años de prisión, interdicción y multa de más de $3.000 millones.
La excongresista fue condenada a más de cinco años de prisión, interdicción y multa de más de $3.000 millones.
La UNP no tuvo en cuenta la vulnerabilidad asociada a los desplazamientos que su labor le exige al accionante.
Se cumplen requisitos ante la posibilidad de haber incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública.
La libertad de cultos no comprende el derecho de afectar bienes jurídicos fundamentales ajenos, menos el de la vida.
Juez de control de garantías debe aplicar juicio de ponderación de finalidades ante las medidas no privativas de la libertad solicitadas.
La secretaría ejecutiva elaborará dicho inventario, el cual deberá contener la información que se recaude de las respectivas jurisdicciones y aquella que se haya originado en la JEP.
La Sala Plena del Consejo de Estado efectuó el control inmediato de legalidad de la Resolución 000097 del 2020 de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar.
El entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas, contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas.
El Gobierno deberá formular en seis meses la política pública de acceso a la justicia y prevención de esta clase de delitos.
La norma aumentó la pena para quienes recluten a los menores de 18 años y los utilice u obligue a participar directa o indirectamente en hostilidades.
La deforestación, así como su promoción y financiación se convierten en un delito que será sancionado hasta con 15 años de prisión.
Así lo señaló la Corte Constitucional al inhibirse de pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta en contra las normas que regulan la figura de la entrega vigilada y el agente encubierto, por considerar que en estas se configuraba una omisión legislativa relativa.
Además de dicha orden, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior a través de una decisión de tutela hacer un censo en todas las salas penales del país para conocer las cifras de los procesos represados y crear un sistema de alertas para identificar los despachos congestionados.