Publican fallo que condicionó causal de divorcio sobre uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes
El cónyuge no consumidor puede solicitar el divorcio, pero no podrá reclamar el pago de alimentos ni la revocatoria de las donaciones.
El cónyuge no consumidor puede solicitar el divorcio, pero no podrá reclamar el pago de alimentos ni la revocatoria de las donaciones.
Amparan los derechos a la personalidad jurídica y al debido proceso administrativo de un menor con duplicidad de registro civil de nacimiento.
La demanda de inconstitucionalidad se presenta en contra de varias expresiones del artículo 1080 de la Ley 84 de 1873.
Se vulnera el derecho al debido proceso por motivación insuficiente al excluir del haber social un contrato de ‘leasing’ habitacional familiar sin analizar si se podía incorporar las rentas.
Corte Suprema precisó sobre el proceso expropiación sus elementos y a quiénes se dirige.
La necesidad de interpretar la demanda supone que esta no sea clara, sino ambigua o ambivalente: Corte Suprema.
Supeditar la prescripción de las acciones orientadas a disolver y liquidar la sociedad patrimonial a la declaración judicial previa de esa unión podría afectar la seguridad jurídica y derechos de terceros.
La regularidad de la posesión se examina de acuerdo con las condiciones particulares presentes al momento en que inició, ignorando los eventos subsiguientes porque carecen de potencialidad para convertir en irregular una posesión que objetivamente arrancó siendo regular.
Se debe realizar el reintegro de los bienes objeto del negocio simulado y el reconocimiento y pago de frutos, si hubiera lugar.
La Sala coincide con lo manifestado por la Procuradora y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cuanto que el razonamiento no fue suficiente.
El principio de especificidad se traduce en que las partes del contrato establezcan los criterios que servirán para que, en un momento determinado, puedan concretarse las obligaciones cubiertas por el gravamen.
De acuerdo con el actor, la norma acusada viola el derecho al debido proceso, a la justicia y trasgrede el principio de independencia e imparcialidad judicial.
De acuerdo con el actor, la norma es discriminatoria porque entiende por compañero o compañera permanente a la persona de sexo diferente que haya hecho vida marital con el funcionario durante un lapso no inferior a dos años.