Tiempo y especialidad: esa es la cuestión

Resulta imposible desconocer el avance de la sociedad. Todos los días nos sorprendemos con la evolución de la tecnología, las comunicaciones o la ciencia; realidad a la que el Derecho debe ajustarse. Abogados, empresarios y ciudadanos en general deben modernizarse, actualizarse y ajustar sus procedimientos a la realidad de cambio acelerado que se nos impone.

Los centros de arbitraje, en este punto, juegan un rol fundamental: brindar espacios idóneos para resolver ágil y oportunamente las controversias. Un compromiso exigente que implica también el deber de generar todas las condiciones de posibilidad para lograr atender y disminuir la conflictividad en todos los niveles de la sociedad. Este compromiso cobra aún más relevancia, si se advierte el problema mayor y más recurrente que debe enfrentar la jurisdicción ordinaria: la congestión judicial. La cantidad ingente de procesos que se deben atender al año impacta de forma directa en el tiempo de atención y respuesta. Un proceso en la jurisdicción ordinaria tarda, en promedio, 28 meses en ofrecer un fallo de primera instancia a sus usuarios.

Es claro que los mecanismos de resolución de conflictos aparecen en escena para coadyuvar a la administración de justicia, pero también es cierto que se han convertido en más que una alternativa, y ahora son cada vez más una solución directa.

Es por esto que valdría la pena preguntarse: ¿por qué el arbitraje es el mecanismo de resolución de controversias más idóneo para empresarios y ciudadanos? La respuesta a este interrogante se plantea desde dos aristas diferentes: el tiempo y la especialidad.

Antes de la pandemia, la duración de un proceso arbitral en el centro era de 17 meses, tiempo sustancialmente inferior al que toma una instancia en la justicia ordinaria. Ahora, desde que las prácticas de la virtualidad son una opción recurrente para las partes, se han optimizado los tiempos de atención y solución del conflicto en 10 meses (al menos, en los índices del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá), incluso, actualmente, se trabaja en mejorar los estándares de respuesta para ofrecer soluciones efectivas a los conflictos jurídicos.

A la optimización de tiempos se suma que a partir de la autorización otorgada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con reglas para administrar procesos a través de la figura del “arbitraje abreviado”. Una de las funciones principales de estas reglas es agilizar las etapas del proceso arbitral. Para ello, se ha previsto la solución de las controversias de forma célere en 60 días hábiles o 30, si se trata de asuntos relacionados con una relación de consumo.

Los mitos

Con este panorama resulta apropiado considerar los mitos que acompañan a los mecanismos de resolución de conflictos y, en especial, aquellos que rondan al arbitraje al que se ha tildado injustamente como elitista o excesivamente costoso.

El arbitraje es un mecanismo oneroso, en efecto, por el que las partes pagan. Sin embargo, si se sopesa el costo frente a los tiempos en que se recibe una solución definitiva a la controversia, es evidente que la oportunidad no cuestiona el valor pagado; máxime si, además, se consideran figuras como el arbitraje social, en el que se adelanta el mismo procedimiento sin ningún costo, o el amparo de pobreza, también conocido en la justicia tradicional.

Ni al empresario ni al ciudadano les interesa la eternización de los procesos. Las respuestas tienen que ser ágiles y oportunas, de lo contrario, una justicia a destiempo corre el riesgo de percibirse como inane.

El segundo punto sobre el que gira la idoneidad del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias es la especialidad. La posibilidad de que el conflicto sea resuelto por árbitros expertos en la materia es un elemento diferenciador de este mecanismo.

La posibilidad de que un juez sin la experticia en el problema jurídico acaecido sea quien decida, tiene un impacto negativo –de unas proporciones descomunales– que se circunscribe no solo al fondo de la decisión, sino también al tiempo que se tomaría para comprender el conflicto y adoptar una decisión.

Los centros de arbitraje se esfuerzan, cada vez más, por mantener en sus listas operadores que cumplan con las calidades éticas, académicas y la experiencia suficiente para resolver las controversias que los particulares someten a su conocimiento.

Los esfuerzos están encaminados a garantizar la especialidad en el conocimiento, para que quien conozca el problema sea experto en su temática. Así, si la controversia versa sobre asuntos concernientes a la propiedad intelectual, los derechos de autor o la tecnología –por señalar solo algunos tópicos técnicos–, quien la resuelve y se pronuncie de fondo sobre ella debe ser quien realmente tenga la capacidad, conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo. De este modo, se obtendrán efectos colaterales, pero positivos, como lo son el incremento de la confianza y la generación de una experiencia de cumplimiento de las expectativas por parte de empresarios y ciudadanos hacia el servicio de justicia.

La misma evolución de la sociedad y del Derecho impone la necesidad de cambios. El acceso a la justicia como garantía constitucional debe concretarse no solo en la prestación del servicio, sino también en la resolución efectiva, oportuna y especializada de los conflictos.

El arbitraje es un mecanismo idóneo. El empresario y el ciudadano no deben analizar únicamente la variable del costo al momento de elegir una alternativa de justicia. Factores como el tiempo y la especialidad acotados anteriormente deben considerarse.

De nada sirve tener una justicia gratuita, si esta no cuenta con la oportunidad y la especialidad que se requiere. La seguridad jurídica es fundamental para la disminución efectiva de los conflictos, y en la tarea de comprender las necesidades jurídicas, optimizar tiempos y contar con profesionales especializados, el arbitraje lleva un camino bastante avanzado.