Arbitraje: celeridad y flexibilidad en la solución de conflictos

Cámara de Comercio de Bogotá

A través de los mecanismos de resolución de controversias, dentro de los que se encuentran, entre otros, la conciliación, el arbitraje, la amigable composición y la mediación, se ha venido forjando un camino hacia la resolución de disputas que va más allá del sistema judicial oficial. Estos mecanismos no solo ofrecen una solución eficaz, también promueven un enfoque colaborativo y flexible para superar las controversias, marcando un cambio positivo en la forma en que se resuelven los conflictos en el país, con un trasfondo de desarrollo económico significativo, aunque un tanto desconocido.

Pese a los ingentes esfuerzos que ha venido realizando la Rama Judicial para procurar el acceso oportuno a la administración de justicia y reducir la mora judicial, la problemática de la congestión judicial sigue siendo una realidad. Es abundante la literatura que señala como el funcionamiento del sistema judicial es un factor determinante de cara al desarrollo económico de los países, principalmente, porque tiene incidencia directa sobre la productividad de los mercados. 

Ya desde 1890 con la expedición de la Ley 111 de ese año, el Gobierno reconoció en las cámaras de comercio un aliado importante en pos del desarrollo económico del país. Con la aparición de los Tribunales de Comercio, se les encomendó a estas instituciones dirimir conflictos con fuerza vinculante, entre los comerciantes que voluntariamente prescindieran de la “justicia ordinaria” para acudir a esta figura. 

La buena gestión de este encargo, cimentada en las bondades inherentes de los mecanismos de resolución de controversias, propició el ambiente necesario para asegurar su continuidad y ampliar su alcance. Particularmente, el arbitraje se ha consolidado como un pilar fundamental en la administración de justicia en el país.

Para acudir al arbitraje, basta con celebrar un negocio jurídico denominado pacto arbitral, que puede incluirse en el texto de un contrato, a manera de cláusula compromisoria, preservando su autonomía, o en un contrato separado llamado compromiso. 

Mediante el pacto arbitral las partes acuerdan someter sus diferencias ante un tercero denominado árbitro, quien queda investido transitoriamente de la función pública de administrar justicia. Una vez integrado el tribunal arbitral tiene el encargo de adelantar un proceso a fin de proferir una providencia judicial cuyos efectos se asimilan a los de una sentencia. 

La ventaja más llamativa del arbitraje es la celeridad, dado que es proceso de única instancia y los árbitros tienen un plazo determinado para emitir el laudo, tras el cual pierden su competencia. Otra ventaja destacada es la especialidad, que les permite a las partes seleccionar a los profesionales que dirimirán su controversia implementando los estándares que requieran según las particularidades del conflicto. Tal vez, la ventaja menos explotada consiste en la flexibilidad de este mecanismo, en virtud de la cual las partes pueden modificar los términos procesales y las reglas de procedimiento aplicables, respetando las garantías constitucionales.

Se han difundido mitos en torno a los costos del arbitraje que generan resistencia al acudir a esta figura. El arbitraje tiene tres costos asociados, a saber: los honorarios de los árbitros, los gastos de funcionamiento y las tarifas de los centros de arbitraje, en el caso de los arbitrajes institucionales. 

Al respecto, vale la pena señalar que el arbitraje no tiene un costo elevado, principalmente si se tiene en cuenta: (i) que la relación costo-beneficio justifica su valor, en la mayoría de los casos; (ii) que es posible aplicar la institución procesal del amparo de pobreza; (iii) que existen figuras como el arbitraje social que son totalmente gratuitas para conflictos con cuantías de hasta 40 SMLMV y (iv) que los honorarios de los árbitros pueden ser regulados por las partes. 

Sin duda, el mayor obstáculo para que las personas acudan al arbitraje es el desconocimiento de esta alternativa por parte de la comunidad jurídica en general y de sus potenciales usuarios. 

A pesar de ello, el arbitraje se mantiene vigente como una estrategia efectiva para descongestionar el sistema judicial, pues permite la resolución oportuna de conflictos, contribuyendo al desarrollo económico al reducir las barreras judiciales que afectan la productividad y el entorno empresarial.