Suspenden a abogado que participó en fraude para desviar recursos públicos de educación

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la suspensión por tres años del ejercicio de la profesión a un abogado que recibió recursos supuestamente adeudados a varios docentes sin sustento para ello, hechos obtenidos de una investigación de la Contraloría General de la República por el uso indebido de recursos del Sistema General de Particiones en el departamento de Putumayo.

A la cuenta bancaria del disciplinado llegaron dos pagos, uno por más de $ 93 millones, destinado a cubrir las reclamaciones administrativas de dos mujeres que al final resultaron no ser docentes, y otro por más de $ 47 millones dirigido a quien no podía ser beneficiario por estar privado de la libertad, quienes al parecer nunca le dieron poder de representación.

El abogado se declaró asaltado en su buena fe por una funcionaria de la secretaría de educación departamental que, según él, lo contactó para representar los intereses de varios profesores con derecho a salarios provisionados. Aseguró haber devuelto los dineros de quienes le habían dicho eran maestros de la zona, pero el pago se soportó en documentos falsos.

Así las cosas, tanto en primera como en segunda instancia se concluyó que nada excusó el comportamiento del abogado, pues para hacer una reclamación administrativa debió presentar en debida forma la solicitud correspondiente, lo cual no ocurrió, ni tampoco la restitución de los dineros consignados.

De acuerdo con el expediente, “si una persona y, en especial, un profesional del Derecho, recibe en su cuenta bancaria un valor de dicha magnitud sin mediar los trámites de ley, a sabiendas de que el dinero proviene de una entidad pública claramente identificada, resulta evidente que los recursos provienen de un movimiento abiertamente irregular" (M. P. Magda Victoria Acosta Walteros).

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