Requisito de procedencia en proceso monitorio del CGP es constitucional (4:10 p.m.)

Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió la exequibilidad de la expresión “quien pretenda el pago de una obligación en dinero”, contenida en el artículo 419 del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012).En efecto, el alto tribunal determinó que el establecimiento de la modalidad del proceso monitorio únicamente para las pretensiones de pago de una obligación en dinero es compatible con la Constitución, dado que la ley no impuso una restricción injustificada al derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva al circunscribir este proceso a las obligaciones en dinero. Así, dicha decisión cabe dentro del amplio margen de configuración de los procesos en cabeza del legislador, quien estableció un instrumento simplificado y ágil de procedimiento, que se ajusta a la exigibilidad de las obligaciones líquidas y de naturaleza contractual. De esta manera, contrario a lo sostenido por los demandantes, “no resulta acertado concluir que la legislación ha impuesto barreras injustificadas en contra de los acreedores de las obligaciones diferentes a las dinerarias”, señaló la alta corporación (M. P. Luis Ernesto Vargas).