Más de 84.000 hectáreas se han restituido a víctimas del conflicto: URT

En dos años, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha devuelto 84.516 hectáreas a 11.401 personas. Así lo indicó esa entidad, al destacar que Colombia es el único país que ha asumido el reto de restituir tierras en medio del conflicto armado.

“El Gobierno está trabajando con determinación en la reparación a las víctimas, la restitución de tierras muestra resultados contundentes poniéndole la cara a un problema que lleva más de 50 años y no había sido enfrentado antes con tanto compromiso. Ya somos ejemplo internacional en administración de justicia para el campo”, señaló el ministro de Agricultura, Aurelio Irragori.

Las familias restituidas a nivel nacional han recibido ayudas para proyectos productivos por más de 25.000 millones de pesos. Además, se han asignado subsidios a cerca de 2.000 familias, por más de 30.000 millones, y se han concretado acuerdos para el alivio de pasivos y exoneración de impuestos.

Cabe recordar que, en octubre pasado, el presidente Juan Manuel Santos pidió devolverles con “más velocidad” las tierras a los campesinos desplazados por el conflicto armado. En un acto celebrado en Cali, en el que se restituyeron varios terrenos, el mandatario destacó los resultados obtenidos en los tres años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero solicitó resultados con mayor celeridad.

Actualmente, hay 300.000 hectáreas pendientes de sentencia, y existen 242 zonas intervenidas, tras el aval del Ministerio de Defensa.

Críticas de Amnistía Internacional

Por su parte, la organización Amnistía Internacional advirtió que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) defrauda las aspiraciones de las víctimas, pues “muchas de ellas no han podido regresar a casa debido a las constantes amenazas de violencia y a la lentitud del proceso de restitución”.

En el informe Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, la organización manifestó que quienes intentan regresar a sus lugares de origen, así como quienes los representan y los funcionarios públicos que participan en el proceso, están gravemente expuestos a sufrir amenazas, violencia e incluso la muerte, a manos, principalmente, de grupos paramilitares.

Según explicó, a agosto de este año, la Fiscalía General de la Nación investigaba al menos 35 homicidios de personas vinculadas a estos procesos.

A su juicio, las autoridades colombianas deben acelerar los trámites y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan, y los presuntos responsables del desplazamiento forzado deben ser sometidos a juicio.