Responden sobre designación de árbitros en conflicto entre la Uaesp y operador de Doña Juana

Peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial son los tres presuntos delitos por los que la administración distrital denunció ante la Fiscalía General de la Nación al Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S. A. (CGR).

En recientes declaraciones, la alcaldesa Claudia López afirmó que el “CGR se ha embolsillado $ 163 mil millones de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento ni con los estándares de tratamiento de lixiviados en el relleno Doña Juana, durante 4 años”.

La acción judicial fue interpuesta por Luz Amanda Camacho, directora de la Uaesp, contra Mauricio Bernal Marcucci, representante legal del consorcio, y contra todos los que hayan actuado como tal desde el año 2010.

No vamos a permitir que la ciudad siga pagando un servicio que no recibe. CGR no ha cumplido con su obligación de tratamiento de lixiviados que incluía la optimización de la planta de tratamiento. Necesitamos que la justicia frene y sancione esta estafa y este abuso con Bogotá! pic.twitter.com/DH9DQFm4DZ

— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 11, 2022

Igualmente, López pidió a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) brindar garantías a los bogotanos sobre la designación de los jueces de los tribunales de arbitramiento, en el sentido de que estos sean imparciales y jueces no solo de toda reputación jurídica, sino de total imparcialidad.

Así mismo, señaló que el presidente electo Gustavo Petro ya está al tanto de la situación y se le ha pedido que, una vez se posesione, se tomen las medidas legales para garantizar y proteger a los bogotanos de este abuso.

Designación de árbitros

Por su parte, la CCB manifestó que, por medio de su Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC), no participó en la designación de árbitros de este tribunal de arbitraje. La designación se radicó el 5 de diciembre del 2019 de mutuo acuerdo entre las partes: la Uaesp y CRG.

Precisó que dentro de sus funciones no está administrar justicia, sino revisar la idoneidad de las personas que integran las listas de árbitros, capacitar a los interesados en temas de arbitraje y demás mecanismos de solución de conflictos, así como velar por el cumplimiento de las revelaciones de independencia e imparcialidad, entre otras.

Por último, indicó, los particulares que integran las listas del CAC no tienen ninguna relación contractual con la CCB. Ellos son quienes cumplen con los criterios legales para ser designados como árbitros.