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Actualizado hace 21 minutos | ISSN: 2805-6396

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Nueva reforma tributaria prorrogó medidas de salvaguarda previstas en los decretos 560 y 772 del 2020

20 de Diciembre de 2022

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En reciente comunicado, la Superintendencia de Sociedades precisó que el artículo 96 de la Ley 2277 del 2022 (Reforma Tributaria) prorrogó los decretos legislativos 560 y 772 del 2020 y sus decretos reglamentarios, hasta el 31 de diciembre del 2023. (Lea: Esta es la reforma tributaria que regirá desde el 2023).

 

Estas disposiciones establecieron mecanismos para atender las dificultades financieras de los empresarios, así como un proceso especial de insolvencia para las micro y pequeñas empresas. Así mismo, se dispuso de mecanismos que permiten contar con un régimen de insolvencia flexible para la reorganización ágil y efectiva de las empresas viables o, en caso contrario, su pronta liquidación.

 

Las medidas especiales en materia de insolvencia son:

 

(i) Procesos extrajudiciales de reorganización para dar una solución pronta y efectiva a la crisis de la empresa: Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (NEAR) y Procedimiento de Recuperación Empresarial ante las Cámaras de Comercio (PRES).

(ii) Procesos de insolvencia especiales para micro y pequeñas empresas: reorganización abreviada y liquidación simplificada.

(iii) Medidas de descongestión judicial.

(iv) Mecanismos para facilitar la financiación, aprobación de acuerdos de reorganización y protección de la empresa.

 

Las opciones que se crearon en su momento han tenido un gran impacto en los procesos de insolvencia tramitados ante la entidad con el objeto de salvar empresas, de manera que el reto de cara al año 2023 es lograr que las mismas se mantengan de manera permanente y se actualice el régimen de insolvencia ante el Congreso de la República, señaló el superintendente Billy Escobar Pérez.

 

Del total de 3.363 solicitudes, 61,87 %, es decir, 2.081 corresponde a procesos creados con el Decreto 772 para pequeñas insolvencias, el 22,42 %, es decir, 754 corresponde a los procesos de reorganización y liquidación ordinarios previstos en la Ley 1116 del 2006, mientras el 15,70 %, es decir, 528 restantes a procesos NEAR, trámite creado por el Decreto 560. Finalmente, el 77,57 % de los deudores en crisis hacen uso de dichos mecanismos.  

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