SIC ordena a 17 parqueaderos de Bogotá cumplir con los derechos de los consumidores

Luego de adelantar 24 visitas administrativas de inspección y vigilancia en establecimientos que prestan el servicio de parqueadero en tres zonas de gran afluencia de público en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió 17 órdenes administrativas, encaminadas a que se adecúen varias de las conductas infractoras.

Las mencionadas visitas se realizaron con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación de información sobre las condiciones del servicio, tales como fecha, hora, modalidad, valor, estado del bien, modalidades de pago, entre otras, así como de la obligación de asumir la custodia y conservación adecuada de los vehículos.

Dentro de las posibles infracciones a las normas de protección al consumidor que se hallaron en algunos de los establecimientos visitados están las siguientes:

(i) No se estaría informando en la constancia de recibo el estado en que se encuentra el vehículo, ni se dispone de medios tecnológicos que garanticen el cumplimiento de dicha obligación.

(ii) No se estarían informando de manera suficiente ni idónea los medios de pago de los que disponen los parqueaderos.

(iii) No se estarían informando de manera visible las tarifas de los servicios.

(iv) Se estarían incluyendo en reglamentos y avisos disposiciones tendientes a sustraerse de la obligación de asumir la custodia y conservación adecuada de los vehículos, los elementos que los componen, equipos anexos y/o complementarios.

Las órdenes deben cumplirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su aviso. De lo contrario, advirtió la entidad, se podrán imponer multas hasta de mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por inobservancia y de hasta 2 mil SMMLV por incumplir las normas de protección al consumidor, previo agotamiento del correspondiente procedimiento sancionatorio.

Por último, informó, se seguirán adelantando visitas a establecimientos que prestan el servicio de parqueadero en diferentes ciudades del país, para establecer si respetan los derechos de los consumidores.