Superfinanciera le ordenó a la sociedad CI Export BCM suspender captación ilegal de dinero del público

La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) ordenó a la sociedad C. I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. SAS (CI Export BCM) suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público. La medida fue adoptada a través de una resolución, en la que también se le ordenó realizar la devolución inmediata de los recursos captados de manera ilegal.

En este contexto, la Superfinanciera estableció que la sociedad CI Export BCM asumió obligaciones con al menos 337 personas por $ 10.064.380.253, sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio. (Lea: SIC sanciona a grupo Cossio por publicidad engañosa)

De acuerdo con las investigaciones de la superintendencia, esta sociedad prometió rentabilidades fijas de hasta el 25 % sobre el valor entregado en un periodo de 25 días hábiles. En efecto, se determinó que los pagos que hizo la sociedad a las personas que entregaron sus recursos no tienen justificación financiera razonable, ya que para el 2021 el negocio generó pérdidas y para el 2022 y 2023 los ingresos no eran suficientes para pagar las rentabilidades fijas que ofreció, capitalizó y pagó.

Estas operaciones las realizó por medio de una línea de negocio desarrollada principalmente en los municipios de Turbo y Apartadó, en el Urabá antioqueño, el cual tenía como principio la vinculación de terceros (asociados o socios ocultos), a través de un denominado contrato de cuentas en participación, cuyo objeto era recibir recursos de los suscriptores para hacerlos partícipes de los beneficios económicos generados por la empresa a partir de la comercialización de plátano.

Finalmente, la Superfinanciera remitió copia de la resolución a la Superintendencia de Sociedades con el fin de que adopte las medidas de su competencia, al igual que a la Fiscalía General de la Nación, junto con el expediente de la investigación, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.

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