Programas de vivienda no han servido para reducir déficit habitacional: Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) hizo un llamado para que se haga una revisión integral y equitativa de las políticas públicas de los subsidios de vivienda e inclusión social. Según la CGR, la petición nace luego de culminar un estudio sobre el tema, en referencia al periodo 2010-2022, que entregó dos conclusiones principales:

i) Se evaluaron los subsidios de vivienda respecto del déficit habitacional en Colombia y los resultados indican que los programas no han sido eficientes, ya que del 4,79 % que se ha reducido del déficit cuantitativo urbano tan solo el 0,41 % es resultado de los programas de subsidios y el restante 4,38 % se debe a la participación de los otros actores en el mercado, como son los esfuerzos propios de los hogares, las cajas de compensación familiar, programas de vivienda privados o de gobiernos locales. (Lea: Establecen condiciones financieras de la línea de crédito para promover vivienda VIS y VIP)

Adicionalmente, se encontró que algunos programas tienen algunos requisitos de acceso que limitan el beneficio a hogares de menores ingresos. “Desde el Gobierno nacional se han asignado importantes recursos del presupuesto general de la Nación, sin embargo, la focalización de estos recursos hacia la población más vulnerable es un desafío”, manifiesta un comunicado de la Contraloría.

El estudio abarcó 11 programas principales que representan más del 95 % de los recursos legalizados, beneficiando a 429.507 hogares con un total de $ 14,08 billones. Los programas con mayor asignación de recursos fueron programa de vivienda gratuita fase I, Mi casa ya, Vivienda de interés prioritario para ahorradores (Vipa), Programa de vivienda gratuita fase II y Bolsa de desplazados.

ii) Aunque se han invertido más de $ 36,5 billones en programas de transferencias monetarias, entre 2018 y 2022 la eficacia de los programas Familias en acción y Jóvenes en acción está supeditada a mirar si los subsidios están llegando a los que más lo necesitan.

Se destaca, además, la necesidad de ajustar los montos de las transferencias, asignados significativamente por debajo de las líneas de pobreza extrema y pobreza monetaria, lo que plantea dudas sobre su capacidad para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

Por otra parte, la CGR evidenció una distribución desigual de subsidios, concentrándose en regiones de mayor crecimiento económico. Adicionalmente, la entidad considera necesario mitigar los riesgos de pagos a beneficiarios no calificados para el giro de las transferencias.

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