Contraloría pide mayor esfuerzo fiscal para continuar con la implementación de Ley de Víctimas

La Contraloría General de la República ha solicitado al Gobierno un esfuerzo fiscal adicional para implementar las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según el ente de control, los recursos asignados hasta la fecha son insuficientes para atender el amplio universo de víctimas que aún requieren asistencia, atención y reparación. Entre 2012 y 2023, la ejecución de recursos fue de $ 218,5 billones, pero solo un 42 % de este total se destinó a las medidas de asistencia y reparación, lo que subraya la necesidad de incrementar los fondos para el próximo periodo.

El análisis realizado por la Contraloría proyecta que entre 2024 y 2031 se necesitarán $ 303,9 billones adicionales para cumplir con los compromisos de la Ley 1448 y su prórroga. Los principales rubros que requieren financiamiento incluyen vivienda urbana y rural, indemnizaciones, generación de ingresos, subsistencia mínima y educación superior. En particular, se destaca que el 77 % de las víctimas enfrentan un déficit habitacional, un problema que se ha visto agravado por la disminución en la asignación de subsidios de vivienda.

Además, la Contraloría ha identificado varias debilidades en la calidad de los sistemas de información y en la coordinación entre la Nación y los entes territoriales, lo que dificulta la correcta implementación de la política pública de víctimas. Entre las observaciones se destaca la necesidad de integrar y simplificar las plataformas de registro y mejorar la conectividad y personal en las regiones. (Lea: Reconocen derechos de mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada)

En cuanto a los resultados de auditorías, la Contraloría informó sobre posibles detrimentos patrimoniales por $ 25.718 millones en 2023 y $ 2.012 millones en el primer semestre del 2024. Actualmente, se encuentran en curso 40 procesos de responsabilidad fiscal y siete indagaciones preliminares relacionados con la política pública de víctimas. La Contraloría también está preparando una advertencia sobre la creación de una nueva política de generación de ingresos para las víctimas.

Al respecto, la contralora delegada para el Posconflicto, Luz Amparo Echeverry, reiteró el compromiso de la Contraloría en continuar con el seguimiento y control fiscal de los recursos destinados a la política pública de víctimas, con el objetivo de garantizar su correcta aplicación y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población afectada por el conflicto.

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