Consejo Superior de la Judicatura pide revocar informe que califica su gestión como deficiente

El Consejo Superior de la Judicatura le pidió a la Contraloría General de la República revocar el informe que calificó como deficiente la gestión de este alto tribunal.

Según el director administrativo del Consejo, Diógenes Villa Delgado, la entidad cuenta con resultados concretos y verificables, que desvirtúan las conclusiones consignadas en el informe.

De un lado, está el Plan Sectorial de Desarrollo 2011-2014, en el que se definieron cinco objetivos específicos, que ya se habrían puesto en marcha: democratización del acceso a la justicia, justicia y competitividad, lucha contra el crimen y la impunidad, eficiencia en la gestión judicial y comunicación de las decisiones judiciales.

Del otro, está el Plan de descongestión, en el que se han implementado mecanismos de seguimiento y control de las medidas adoptadas. De hecho, para el Consejo, el informe de la Contraloría sobre este punto vulnera el principio de legalidad y los derechos a la defensa y el debido proceso.

El alto tribunal destacó que se ha implementado una clara política de planeación. Por ejemplo, aunque el incremento en la demanda de justicia fue del 184 % durante el periodo 1993-2008 y del 8,32 % entre los años 2009 y 2011, el inventario de procesos se redujo en un 25 %, al descender a 771.267.

Con respecto al egreso de procesos, en el año 2009 se logró obtener un índice de evacuación parcial del 107 %, es decir que hubo una reducción de siete procesos en el inventario acumulado, por cada 100 procesos ingresados. Esto significó un aumento en el índice de evacuación del 14 %, explicó el alto tribunal.

Por su parte, en el 2010 el índice de evacuación parcial ascendió al 111 %, y, hasta el tercer trimestre del 2011, dicho índice llegaba al 118 %, “la cifra históricamente más alta en desacumulación de procesos”, destacó.

En materia de costos procesales, se registró una disminución del 87,14 % en el periodo 2007-2011. Mientras en el 2007 el costo unitario por proceso de descongestión era de 3.477.622 pesos, en el 2011 se tiene un costo aproximado de 408.347 pesos.

Finalmente, el documento enviado al ente de control contiene una relación de los recursos invertidos en los palacios de justicia del país, lo que “desvirtúa lo señalado por el ente de vigilancia”, aseguró la corporación.