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Acemi y Asocajas exigen revisión técnica de la UPC para 2025

Los gremios consideran que esta cifra podría ser insuficiente para garantizar la atención en salud de los usuarios.
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03 de Enero de 2025

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La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) han solicitado al Gobierno nacional una mesa técnica para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 2025, la cual fue fijada en un incremento del 5,36 %. Los gremios consideran que esta cifra podría ser insuficiente para garantizar la atención en salud de los usuarios y exigen un análisis más detallado.

En un comunicado, las entidades hicieron un llamado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación para que convoquen una mesa de alto nivel que incluya a EPS, prestadores, usuarios y pacientes. Según indicaron, del cálculo adecuado de la UPC dependía la garantía del derecho a la salud de todos los colombianos, y una prima insuficiente comprometería tanto la atención de la población como la estabilidad de los actores del sistema de salud.(Lea: Ministerio de Salud anunció el incremento de la UPC en 5,36 % para 2025).

Los gremios también recalcaron que la financiación del sistema no representa un beneficio exclusivo para las EPS, sino que es un recurso destinado a mantener activo el sector salud. La UPC, explicaron, permite cubrir los costos del talento humano, la compra de insumos y tecnologías esenciales para atender a millones de pacientes en el país.

Acemi y Asocajas subrayaron la necesidad de convocar con urgencia esta mesa técnica al inicio del año, para evitar que la crisis actual del sistema de salud se agrave. Además, solicitaron acceso a los análisis realizados por el Ministerio de Salud y la retroalimentación sobre la información ya presentada, con el objetivo de ajustar la prima a una cifra que sea suficiente y reproducible.

Finalmente, los gremios aseguraron estar dispuestos a dialogar y llegar a un acuerdo que beneficie a todo el país, destacando que es responsabilidad del Gobierno nacional garantizar la financiación adecuada para proteger el derecho fundamental a la salud.

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