Conpes aprueba componente nacional de política anticorrupción

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el componente nacional de la política pública integral anticorrupción, cuyo objetivo es fortalecer las herramientas y los mecanismos para la prevención, investigación y sanción de esa conducta.

Desde la perspectiva preventiva, las acciones están dirigidas a mejorar el acceso y la calidad de la información pública, mejorar las herramientas de gestión, aumentar la incidencia del control social sobre la gestión pública y promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad.

De otra parte, desde la perspectiva de la investigación y sanción, se incluyen acciones para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción.

El primer frente de trabajo relacionado con esta estrategia consiste en aumentar la efectividad del proceso de denuncia de dichos actos. Para ello, es oportuno implementar, entre otras estrategias, una ventanilla virtual unificada para denuncias, que serán dirigidas por la entidad encargada de su administración a la autoridad competente.

En esta misma dirección, se formula la adopción de un mecanismo de denuncia de alto nivel para los intentos de soborno a las empresas privadas.

Adicionalmente, el documento plantea la necesidad de incorporar la lucha contra la corrupción a los programas de capacitación de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

De otro lado, se espera generar escenarios para la coordinación de las entidades encargadas de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los actos de corrupción, a través de la creación de un comité para el seguimiento integral de casos de alto impacto, la generación de protocolos y estándares para el intercambio de pruebas y sistemas de información, y el fortalecimiento de espacios creados y retomados por el Estatuto Anticorrupción, como las Comisiones Regionales de Moralización.

El actual estatuto Anticorrupción contempla medidas administrativas, penales y disciplinarias para la lucha contra los actos de corrupción, crea instancias especiales para atacar este flagelo, incorpora mecanismos para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública, dicta disposiciones para garantizar un efectivo control de la gestión pública, define políticas institucionales y pedagógicas sobre el tema y regula el lobby o cabildeo, entre otros asuntos.

(Consejo Nacional de Política Económica y Social, Documento Conpes 167, dic. 9/13)

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