Ratifican condena contra Aída Merlano por violación de topes o límites de gastos en campañas electorales
La excongresista fue condenada a más de cinco años de prisión, interdicción y multa de más de $3.000 millones.
La excongresista fue condenada a más de cinco años de prisión, interdicción y multa de más de $3.000 millones.
La UNP no tuvo en cuenta la vulnerabilidad asociada a los desplazamientos que su labor le exige al accionante.
Se cumplen requisitos ante la posibilidad de haber incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública.
La parte interesada debe llevar el testimonio directo del agente investigador que realizó el informe, a fin de que declare aspectos de forma directa y personal.
Precisan la protección del acceso a la administración de justicia y el deber de protección de la información contenida en el expediente.
Sin lesionar el principio de congruencia, es posible que el juez profiera sentencia por un comportamiento punible distinto al consignado en la acusación.
Explican por qué la nulidad del trámite solo procede contra las actuaciones de los jueces, que sí son vinculantes.
La autonomía indígena no puede afectar el núcleo esencial del principio del interés superior de una menor de edad víctima.
Explican por qué en el delito de inasistencia alimentaria para la suspensión condicional de la ejecución de la pena no es necesaria la indemnización integral.
La Corte Suprema de Justicia aclara si al juez le es imprescindible verificar la validez de la aceptación de cargos a través de interrogatorio personal.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo se ostenta está posición respecto al deber de cuidado de un bien jurídico protegido.
Con la normativa se crea una unidad especial de investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y adolescencia.
Para su configuración, el servidor público debe estar consciente de que su actuar es típico y que la ley le impone el deber de actuar; no obstante, decide no hacerlo.