Nulos apartes normativos que limitaban facultad de la ANT para adquirir predios con invasiones u ocupaciones de hecho
La Ley 160 de 1994 otorga competencia a la entidad para autorizar, en casos especiales, el inicio de dichos procedimientos.
La Ley 160 de 1994 otorga competencia a la entidad para autorizar, en casos especiales, el inicio de dichos procedimientos.
Se declaró la carencia de objeto respecto a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado.
Así mismo, se convoca a las organizaciones jurídicamente reconocidas de los sectores indígenas y de las personas en condición de discapacidad.
Se analiza el proceso de selección para efectos de verificar el cumplimiento de los procedimientos legales.
El título de imputación en este caso es el daño especial. Por esta razón, la demostración de ausencia de falla en el servicio no exonera al Estado.
Se adoptó por decreto luego de que se agotaran los términos previstos para la aprobación por parte del Concejo Distrital.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trasladó a una de sus entidades adscritas una competencia que la propia norma legal le había encomendado.
Contraloría General de la República o las contralorías del nivel territorial deben realizar un estudio de las diferentes situaciones que se hayan presentado durante la ejecución del contrato para demostrar la responsabilidad fiscal.
El incumplimiento de este deber es conducta sancionable que da lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio fiscal.
Igualmente señala que no puede establecerse una regla única para determinar la existencia de un título ejecutivo bien sea simple o complejo.
Ahora será el Alto Comisionado para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el que asistirá como miembro del Comité Territorial de la Zona Estratégica de Intervención Integral Chiribiquete y Parques Naturales aledaños.
Estará impedido para celebrar contratos en el municipio donde prestó sus servicios dentro de los 12 meses siguientes a su retiro.
El contratista pretende la nulidad de los actos administrativos para que se efectúe el cruce de cuentas que corresponda.