La CPI, la orden de detención contra Putin y la estrategia fiscal

Víctor Aguilar Pereira

Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Reino Unido)

El 17 de marzo del 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de detención contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la comisionada presidencial para los derechos de la niñez, María Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra cometidos en el contexto del conflicto en Ucrania. Ambos son acusados de participar en los crímenes de deportación ilegal y traslado ilegal de población desde áreas bajo ocupación hacia el territorio de la Federación Rusa. La Fiscalía de la CPI ha informado que la investigación contempla, al menos, “cientos” de casos de niñas y niños ucranianos que se encontraban en centros de protección y orfanatos y se ha referido a los decretos presidenciales emitidos por Putin que agilizaron su nacionalización con el objetivo de facilitar su adopción por familias rusas.

Poco más se sabe del caso, pero es posible hacer algunas consideraciones iniciales. En primer lugar, llama la atención que la estrategia fiscal ha sido ir, desde el inicio, hacia lo más alto de la estructura jerárquica: el propio Putin, máximo responsable del ataque lanzado contra Ucrania en febrero del 2022. No obstante, es importante anotar que se trata de un caso muy focalizado, por crímenes de guerra que posiblemente son menos difíciles de probar en comparación con otros en los que consideraciones complejas sobre proporcionalidad, necesidad o ventaja militar resultan claves para determinar la legalidad o la ilegalidad de los actos.

Adicionalmente, el vínculo de los acusados con los hechos resulta bastante claro. Su participación en el esquema de traslado y adopción de niños y niñas es de conocimiento público. Uno de los mayores retos en las investigaciones sobre atrocidades masivas suele ser cómo conectar a las figuras de jerarquía más alta con los hechos concretos del crimen, pero en esta ocasión no parece ser el caso.

Es posible que existan más cargos que todavía no se conocen o que se añadan en el futuro, pero cabe resaltar que la estrategia fiscal inicial pareciera contrastar con la mayoría de casos recientes presentados contra líderes de alto o, incluso, medio rango, en los que se acumulan múltiples cargos, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, en algunos, inclusive, genocidio. La determinación del alcance de la acusación es un aspecto clave en los casos de atrocidades masivas y las opciones disponibles tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, una acusación focalizada puede contribuir a la agilidad y claridad del proceso. No obstante, puede dejar a muchas víctimas fuera o no cubrir adecuadamente las distintas formas de criminalidad registradas. Por el contrario, una acusación exhaustiva puede reflejar mejor las demandas de las víctimas y presentar un relato más integral, pero suele provocar que los procesos se alarguen por años y hacer más compleja la labor de las partes.

La emisión de la orden de arresto contra Putin es un momento clave en la historia del Derecho Penal Internacional. No obstante, es poco probable que en el futuro inmediato el presidente de Rusia sea detenido y juzgado. La Corte depende de los Estados para ejecutarla y el arresto de un jefe de Estado en funciones podría enfrentar varios obstáculos, como lo ha ejemplificado el caso de Omar Al-Bashir, expresidente de Sudán.

Al mismo tiempo, y quizá más importante en lo inmediato, será dar seguimiento a su efecto en las decisiones del Gobierno ruso sobre las deportaciones y traslado de niñas y niños ucranianos. Si la actuación de la CPI puede disuadir la continuidad de este esquema o, incluso, coadyuvar al retorno y a la reunificación de las víctimas con sus familias, la investigación habrá tenido un primer resultado positivo y un respaldo al llamado efecto disuasorio de la CPI.

¿Qué implicaciones tiene para la región? Pese a la trascendencia de la decisión, casi la totalidad de Estados latinoamericanos ha evitado emitir una posición al respecto. En el escenario actual, parece poco probable que Putin viaje a un país latinoamericano, pero las posiciones oficiales de los Estados son importantes como reflejo del respaldo con el que cuenta la CPI.

Finalmente, habrá que mantenerse expectantes sobre cómo esto afectará los avances en otros casos. La CPI se ha mostrado muy proactiva en Ucrania, lo cual es positivo. Sin embargo, para mantener y fortalecer su legitimidad, deberá, por un lado, demostrar que responde de forma similar en otras situaciones y, por el otro, cuidarse de no ser percibida como un instrumento de los países occidentales.