Garantía legal en la prestación de servicios inmobiliarios y su repercusión en la responsabilidad indemnizatoria

Hace unas semanas, Global Investigations Review (GIR), una publicación especializada en materia legal a nivel internacional, dio a conocer un listado con los 40 profesionales menores de 40 años más destacados en el mundo en investigaciones internas, una temática de particular crecimiento en compliance.  

Catalina Jiménez Abadía, abogada colombiana de la firma OlarteMoure, fue escogida en el prestigioso ranking, lo que la convirtió en la primera mujer del país en recibir este importante reconocimiento.

ÁMBITO JURÍDICO: Recientemente, usted fue reconocida en la lista 2024 de 40 menores de 40 años del Global Investigations Review. ¿Qué significa este reconocimiento para usted y a qué logros los atribuye?

Catalina Jiménez Abadía: Es un nombramiento que me llena de orgullo por varias razones. Primero, por ser la primera mujer colombiana en recibir este reconocimiento. En segundo lugar, es un fuerte respaldo al trabajo que, junto con mi equipo, hemos hecho en los últimos años en el fascinante mundo del compliance y las investigaciones internas.

Entre los muchos logros que he tenido en este recorrido, creo que este nombramiento es resultado del privilegio que hemos tenido de poder asesorar a diferentes multinacionales que operan en sectores altamente regulados en procesos que han tenido impacto internacional. Por ejemplo, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Á. J.: ¿Ya las empresas en el país han adoptado sistemas de ‘compliance’ que les permitan garantizar el cumplimiento de las normas y de la ley?

C. J. A.: Muchas empresas en Colombia han dado pasos importantes hacia la adopción de sistemas de compliance, eso es innegable. Sin embargo, Colombia enfrenta un desafío enorme en esta materia. Somos un país con cifras preocupantes en materia de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, ciberseguridad, entre otros riesgos asociados al compliance. Los esfuerzos legislativos y sancionatorios se ven desdibujados debido a las altas cifras de impunidad y al bajo enforcement que tenemos.

Finalmente, es importante hacer un llamado para que las empresas vean el compliance como una herramienta de generación de valor, y más allá del cumplimiento normativo, que desde luego es importante, esta figura se enfoque cada vez más hacia la estrategia empresarial.

Á. J.: ¿Hoy las empresas están más protegidas frente a posibles infiltraciones de dineros ilegales?

C. J. A.: En los últimos 10 años hemos visto un incremento sustancial en el número de empresas que se han convertido en sujetos obligados a prevenir y gestionar los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia.

Por mencionar una cifra, con corte a diciembre del 2021, solo la Superintendencia de Sociedades comunicaba que más de 7.500 empresas debían cumplir con las obligaciones de Sagrilaft. A este número hay que sumarle las empresas que hoy tienen obligaciones semejantes y que son vigiladas por las superintendencias de Salud, Financiera, de Transporte; la Dian, Coljuegos, etc. Es decir, hoy en día son más las empresas que tienen la obligación de prevenir, remediar y detectar infiltraciones de dineros ilegales. 

Sin embargo, con base en las últimas publicaciones del Índice Antilavado de Basilea, un estudio internacional e independiente basado en investigaciones rigurosas en materia antilavado y de financiación del terrorismo que evalúa aspectos regulatorios, legales, políticos y financieros que influyen en la vulnerabilidad en más de 120 países frente a estos riesgos, en Colombia, y en otros países con alta exposición a estos riesgos, los sistemas antilavado siguen siendo en gran medida ineficaces.

Á. J.: ¿Qué más falta por hacer en materia de prevención, detección y remediación de casos de corrupción y soborno?

C. J. A.: Hemos visto un gran avance en estos temas en Colombia en los últimos años, pero hay mucho por hacer. Los esfuerzos legislativos y sancionatorios que tenemos se ven desdibujados debido a las altas cifras de impunidad y al bajo enforcement que tenemos.

Justamente, esta situación hace que las investigaciones internas y figuras como la delación revistan de tanta importancia al convertirse en mecanismos que realmente contribuyen a esclarecer hechos relacionados con estos riesgos y, eventualmente, a dar información más precisa y completa a las autoridades para que estas ahorren tiempo y esfuerzos.

Á. J.: ¿Han servido los denominados Estatutos Anticorrupción para evitar que las empresas sean permeadas por estos delitos?

C. J. A.: En general, Colombia cuenta con un marco normativo amplio para hacer frente a la corrupción, el soborno y promover la transparencia en las actuaciones del Estado y los privados.

El Estatuto Anticorrupción, en su momento, fue importante, puesto que trajo consigo sanciones y penas más duras para los delitos contra la administración pública relacionados con hechos de corrupción. Así mismo, con el fin de promover la corresponsabilidad del sector privado y dejar de lado la idea de que la corrupción es un problema exclusivo del sector público, incluyó disposiciones penales que castigan conductas relacionadas con la corrupción en el sector privado, introdujo el delito de “administración desleal”, estableció inhabilidades para contratar con el Estado, reguló el acceso a la información en asuntos como el cabildeo y estableció políticas institucionales y pedagógicas de transparencia, entre otros asuntos que han contribuido a hacer frente a esta problemática.

Ahora bien, también hay que reconocer que hoy tenemos varias brechas en la implementación de estas normas, en parte por la falta de capacidades técnicas, administrativas, financieras y de personal humano de las entidades involucradas en las estrategias anticorrupción a nivel nacional y territorial.

Á. J.: ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta el país en materia de ‘compliance’?

C. J. A.: Sumado a todo lo dicho anteriormente, resalto la necesidad de tener más educación y conciencia frente a la relevancia de esta figura dentro de las empresas. En algunos casos, desde los niveles directivos, hasta la base de las organizaciones. Necesitamos hacer notar el valor estratégico del compliance. Hay falta de conocimiento, lo que hace que muchas empresas no sepan siquiera los riesgos que enfrentan y cómo gestionarlos efectivamente o qué es lo mínimo que deben hacer.

Catalina Jiménez Abadía

Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. En el 2012, fue seleccionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para cursar su judicatura en la Misión Diplomática de Colombia en Washington D.C. (EE UU). Así mismo, ha trabajado en importantes firmas en derecho corporativo, contractual, tributario y financiero. Actualmente, es socia de OlarteMoure & Asociados.

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