Columnistas
Juezas y magistrados
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Maximiliano A. Aramburo C.
Profesor de la Universidad Eafit y Presidente del Iarce
En un reciente evento académico en cuya organización participé activamente había ocho conferencistas para un día de actividades, pero solo una era mujer. Hice un mea culpa público, porque me pareció inaceptable que ante tantas mujeres dedicadas profesionalmente al Derecho en general, y a la academia jurídica en particular, solo fuera posible encontrar a una mujer por cada siete hombres, con la calidad que razonablemente se espera de un evento como ese. Estos eventos -masculinos, masculinizados- no son solo un mal de la academia.
La investigación que ha adelantado María Adelaida Ceballos Bedoya en Dejusticia, cuyos resultados se han empezado a publicar, revela que hay grandes rezagos en igualdad de género en la profesión, que comienzan en el acceso de las mujeres a la educación jurídica de alta calidad y rebasan el ámbito de los congresos y seminarios. Por ejemplo, en la Rama Judicial hay amplio predominio de las mujeres en los juzgados municipales y de circuito, pero ese predominio no se manifiesta en los tribunales superiores o administrativos, y mucho menos en las altas cortes. Si se me acepta la simplificación, este es un país de juezas y magistrados, expresión que ha utilizado Ceballos con buen tino para describir la barrera que hay para que las mujeres lleguen a las posiciones más altas del aparato judicial. No es secreto que estamos en el pico más alto de participación femenina en la Corte Constitucional, donde por primera vez se llegó al 33 % de mujeres en su conformación. A estos efectos, es muy conocida la frase de Ruth Bader Ginsburg, quien ha sostenido que solo habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema de Estados Unidos cuando haya nueve, es decir, cuando todas las sillas sean ocupadas por mujeres, porque “ha habido nueve hombres y nunca nadie formuló siquiera una pregunta al respecto”. A nuestra Corte Suprema (y esto lo resalta Ceballos también en su investigación) la primera mujer que llegó fue Fanny González, en 1984, para ser asesinada en el holocausto del Palacio de Justicia, en 1985. Y se demoraría la Corte Suprema 16 años para volver a tener mujeres en su composición, pero al redactar esta columna en ese tribunal hay solo tres (una por cada sala) frente a 20 hombres; la Sala de Descongestión Laboral la componen cuatro mujeres y ocho hombres, y en las salas especiales de aforados no ha sido nombrada aún ninguna mujer. En el Consejo de Estado, por su parte, los hombres duplican a las mujeres (si no se cuenta la Sala de Consulta, compuesta solo por hombres).
¿Esto revela algún sesgo en la selección de los altos funcionarios judiciales? Una posible respuesta es que es cuestión de tiempo, pues en las aulas universitarias hay una clara mayoría femenina. En la universidad en la que trabajo, por ejemplo, en el 2017 había un 63 % de mujeres estudiantes de Derecho. En su inmensa mayoría, estas mujeres están entre los 17 y los 23 años de edad y pronto llegarán a ser mayoría también en listas de elegibles. Pero esa es la respuesta optimista. Según cifras del Ministerio de Educación, entre el 2015 y el 2016, las mujeres representaban el 53 % del cuerpo estudiantil y desde 1996, las tarjetas profesionales que cada año se entregan a mujeres oscilan entre el 52 % y el 54 %. Esto indica que las mujeres son más en un rango de edad y experiencia que ya podría predominar en posiciones de poder en la academia o estar en posiciones más altas de la Rama Judicial. Una cifra reveladora que me suministró también la investigadora Ceballos da cuenta de que en 1986 las mujeres tenían el 29 % de las tarjetas profesionales y que en el 2016 ya eran el 46 % del total de abogados en posesión de ese documento.
Esto, que es apenas una pequeñísima muestra, hace evidente que la academia debe empezar a mostrar un cambio; pero también que por esta vía llega uno los retos en políticas públicas que debe afrontar la nueva Ministra de Justicia, quien conoce de sobra esta realidad.
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