Gobierno promoverá respeto a derechos humanos en las empresas
13 de Agosto de 2024
El Gobierno presentó el memorando de política pública sobre empresas y derechos humanos, diseñado para ofrecer recomendaciones prácticas que mejoren el respeto en el sector empresarial. Este documento es una respuesta a los desafíos que enfrentan las organizaciones en la protección y garantía de derechos humanos, abordando temas fundamentales como las garantías laborales, el derecho a la vida, la movilización, la sindicalización y la protesta social.
La Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lourdes Castro García, explicó que el memorando busca enfrentar los obstáculos que impiden el pleno respeto de los derechos humanos en la gestión empresarial. Subrayó que este esfuerzo incluye la protección de derechos laborales y la garantía de condiciones adecuadas para la protesta social. (Lea: Nueva ley de igualdad de género en el sector de infraestructura civil y construcción)
El memorando fue socializado con las instituciones del Gobierno Nacional y presentado a la Comisión Intersectorial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Estas instancias deben promover la cooperación entre el Estado y los sectores privados para fortalecer la promoción y respeto de los derechos humanos.
El documento también destaca el papel crucial de las empresas en la generación de empleo y la reducción de la pobreza, aunque advierte que la falta de respeto a los derechos humanos puede provocar impactos negativos tanto para la sociedad como para las comunidades específicas.
Colombia, según Castro García, enfrenta problemas significativos en el respeto de derechos humanos empresariales, incluyendo altos índices de violencia contra líderes medioambientales y conflictos en territorios con comunidades étnicas. El memorando se orienta a enfrentar estas problemáticas mediante la implementación de políticas públicas efectivas y la promoción de prácticas empresariales responsables.
Por otro lado, el documento identifica barreras para el reconocimiento y abordaje de los impactos a los derechos humanos en la actividad empresarial, como la débil implementación de políticas públicas y la priorización de beneficios económicos sobre los derechos. El objetivo es desescalar la conflictividad social y ambiental, garantizar el acceso a la justicia y promover una mayor rendición de cuentas en el ámbito empresarial.
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