Contraloría advierte sobre apropiación indebida de terrenos baldíos en Mapiripán

Un estudio de la Contraloría General de la República sobre el despojo y abandono de tierras en Mapiripán (Meta) detectó una apropiación indebida de terrenos baldíos de la Nación por parte de particulares, a través de la inscripción de mejoras en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

La entidad logró verificar que gran parte de las matrículas inmobiliarias de los predios rurales de este municipio, escenario de una cruenta masacre en julio de 1997, se abrieron a partir de esta apropiación ilegal.

Los predios baldíos eran registrados por particulares a través del código registral conocido como falsa tradición o venta de mejoras que, finalmente, por apertura de nuevos folios derivados o de sucesivas anotaciones (en varios casos también por procesos de sucesión), terminaban legalmente constituidos como una plena propiedad, siendo incluso objeto de procesos judiciales de pertenencia.

Tras conocer los hechos, la Contraloría hizo un llamado para que la Superintendencia de Notariado y Registro y las oficinas de registro de instrumentos públicos, en asocio con el Incoder, adelanten una campaña de recuperación de los baldíos que se encuentran irregularmente en manos de particulares.

“Aun cuando es cierto que hasta hace relativamente poco tiempo se estableció la prohibición de adelantar cualquier trámite de pertenencia sobre bienes imprescriptibles, no quiere decir que las actuaciones anteriores constituyan derechos adquiridos, por lo tanto todo hecho de la administración contrario a la norma constitucional, debe ser corregido inmediatamente”, indicó.

Por mandato constitucional, los bienes de uso público (incluidos los bienes baldíos) son inalienables, imprescriptibles e inembargables. De ahí que la prescripción adquisitiva o positiva (usucapión), como modo de adquirir el dominio, no opere sobre terrenos baldíos, recordó la entidad.

Medidas tardías de protección

La revisión que adelantó la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario indica que las medidas de protección sobre los predios han sido tardías, teniendo en cuenta no solo las masacres ocurridas desde 1997 y los consiguientes procesos de desplazamiento, sino las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferidas en el 2005.

El municipio de Mapiripán dejó sin medidas de protección a sus predios rurales por más de 10 años, asegura el estudio. A su vez, la falta de un procedimiento claro de levantamiento de las medidas de protección por parte del Comité Municipal de Justicia Transicional de Mapiripán conllevó a la falta de garantías de los derechos que la población desplazada tiene sobre los predios objeto de despojo y abandono, en contravía del Decreto 2007 del 2001, que reglamenta la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar.

Datos generales del estudio

• Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, unas 20.876 personas han sido desplazadas de Mapiripán.

• El potencial de predios por restituir en Mapiripán es de 1.648. Hasta el momento, se han presentado 797 solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas, es decir el 48,4 %. De estas solicitudes, solo el 11,7 % ha iniciado el trámite administrativo.

• Los reclamantes de tierras manifiestan que el mayor hecho victimizante fue el abandono de la tierra producto del conflicto armado, mientras que el victimario mayormente identificado es la guerrilla y, luego, los paramilitares. 

• Para este estudio, la Contraloría consultó las bases de datos aportadas por la Superintendencia de Notariado y Registro y el Incoder, y realizó una visita a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta), encontrando que la suministrada por la Superintendencia no permitió consultar todos los inmuebles correspondientes al municipio, al no estar debidamente clasificados.

• La información entregada a la Contraloría por el Incoder no refleja la realidad sobre la totalidad de predios baldíos adjudicados en Mapiripán, teniendo en cuenta que varios de los folios de matrícula inmobiliaria consultados directamente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, cuyo origen era baldío, no están en la base de datos.

Finalmente, cuando se realizó la revisión de las carpetas documentales de los folios de matrículas inmobiliarias que hicieron parte de la muestra elegida por la Contraloría, se encontró que en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no aparece la documentación completa o los trámites están inconclusos.

El ente de control considera que las medidas de protección de los predios abandonados por la violencia, particularmente los permisos de enajenación, requieren articulación institucional y una acción más decidida de las entidades del orden nacional, tanto en el apoyo a las entidades territoriales como a los comités territoriales de justicia transicional.