Retos para Colombia en el mercado laboral

Emilio A. Carrasco

Director del Departamento de Seguridad Social y Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia

Los colombianos tenemos grandes expectativas por un futuro mejor, un país más incluyente, con mayor bienestar, menos incierto y, sobre todo, en paz. Independientemente del curso que siga nuestra historia en los próximos meses, el país demanda una profunda transformación en procura de romper el alto nivel de desigualdad e inequidad social.

En la reciente visita del profesor Thomas Piketty a la Universidad Externado de Colombia, el célebre economista confirmó lo que ya es ampliamente conocido: Colombia es uno de los países con un mayor nivel de desigualdad y más alta concentración de los ingresos de la región y del mundo. En efecto, un altísimo porcentaje de la población tan solo cuenta con su fuerza de trabajo para construir su futuro y proveer el bienestar de los suyos.

Son muchas las acciones que cualquier gobierno debería implementar en el desarrollo del Estado social de derecho y los instrumentos de política a utilizar para revertir esa dura y cruda realidad. Algunas de ellas a las que me referiré pasan por el aprovechamiento de una de las mayores riquezas que tiene el  país: su talento humano. Para el caso colombiano, más de la mitad de los trabajadores se desempeña en el sector informal en actividades de bajísima o nula productividad y en condiciones precarias o nulas en materia de protección.

Más que buenas intenciones

En ese orden de ideas, ¿qué políticas, qué recursos y qué acciones se deben seguir para tornar nuestra historia de dificultades en una de oportunidades? Quizás la más obvia, pero no por ella la más recurrida, es la concerniente al mercado de trabajo. Entonces, ¿cómo transformar relaciones confrontaciones en colaborativas? Y, ¿cómo pasar de la discriminación a la inclusión, o de la ineficiencia a la productividad?

Para ello, se requerirá más que buenas intenciones. Será necesario una acción decidida de parte de las autoridades competentes y los actores sociales para que, sobre la base del estudio de las relaciones capital-trabajo y sus nuevas manifestaciones, así como del conocimiento y evaluación de los instrumentos y mecanismos de seguridad y protección de la población, se formulen políticas y programas que permitan migrar hacia un nuevo orden que garantice el desarrollo del trabajo decente[1]y productivo.

El actual Gobierno ha dado pasos importantes en procura de promover la formalización laboral, tal y como lo reseña el profesor Stefano Farne (2015)[2]. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer, y para el logro de resultados significativos, se requerirán acciones coordinadas y consistentes de las distintas instancias comprometidas y, sobre todo, un manejo integral del problema y de las soluciones que se promuevan.

Ejemplo de las políticas adoptadas son las contenidas en la Ley 1636 del 2013, por medio de la cual se creó el mecanismo de protección al cesante. Dicha norma estructuró e instrumentalizó importantes políticas activas y pasivas de empleo, en procura del mejor funcionamiento del mercado de trabajo y la protección de los cesantes. 

En su artículo 24, se creó el sistema de gestión de empleo para la productividad,[3] cuyo principal propósito es la articulación, coordinación y focalización de los instrumentos de política de empleo vinculando las acciones de orden nacional y local. Transcurridos cerca de tres años, el mencionado sistema no ha sido objeto de desarrollo alguno, como suele ocurrir con muchas de las iniciativas, razón que explica, en parte, los pocos avances y logros en materia del funcionamiento del mercado laboral y, por ende, en la reducción de la desigualdad.