Corte Suprema se pronunció sobre un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al considerar que la declaración de los demandados carece de validez.

De acuerdo con el accionante, la norma acusada favorece a los demandantes y perjudica a los demandados en los procesos regidos por el CGP, en comparación con los justiciables en los procesos regidos por el CPACA.

Los jueces tienen poderes correccionales, entre ellos imponer multas a los empleados públicos y particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que estos les impartan.

La ley especial aplicable (Ley 1437 del 2011) lo permite en caso de encontrarla probada.

Dicho principio solo se predica frente a sentencias ejecutoriadas que no hayan hecho tránsito a cosa juzgada y no respecto a indagaciones, investigaciones o procesos en curso.

Las competencias para investigar a autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales resultan incompatibles con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política.

Así lo estudia el Congreso de la República con el proyecto de ley radicado por un representante del departamento del Cesar.

El rechazo de la demanda resulta razonable solo cuando no se acredita la conciliación extrajudicial en juicios declarativos y se solicitan medidas cautelares inviables.

Debe darse cumplimiento previo a los procedimientos de concertación y consulta ciudadana ante cualquier modificación del POT, incluso en los casos que se tramiten de manera excepcional.

La decisión de la Procuraduría se da, ya que, aún no se ha instalado las dependencias que ejerzan la etapa de juzgamiento, debido a limitaciones presupuestales.