En 2011, el índice de evacuación de procesos fue del 119 %, el más alto de la historia. Los juzgados lograron tramitar un 19 % de casos por encima de los procesos que ingresaron durante el mismo ejercicio.
Si el Gobierno, la Rama Judicial y los profesionales del Derecho asumen con seriedad el cumplimiento de las nuevas leyes, podrá haber mejoras en la justicia.
Según el presidente Juan Manuel Santos, la Rama Judicial ha venido haciendo un gran esfuerzo para descongestionar y agilizar la administración de justicia.
Según el Viceministro de Promoción de la Justicia, el Código General del Proceso implica toda una transformación cultural, incluso, tendrá que cambiarse el método de enseñanza del Derecho.
Las causas materiales de las malandanzas de la Rama pueden tratarse eficazmente con los recursos ordinarios de la ley y de las decisiones del Ejecutivo.
Según la funcionaria, sus principales retos serán la descongestión de los juzgados y la efectividad del Código General del Proceso y el Estatuto de Arbitraje.
Interponer varias acciones para obtener múltiples pronunciamientos sobre los mismos hechos implica dejar de atender otras solicitudes de los ciudadanos.
El próximo 2 de julio, entrará en vigencia el nuevo procedimiento de la justicia administrativa. La oralidad será la principal modificación incorporada.
La literalidad, la voluntad del constituyente primario, no admite interpretación: el carácter de la jurisprudencia como criterio auxiliar y no como fuente formal del Derecho.
El reto es enorme para la nueva Fiscalía y para el mismo Congreso de la República, ya que las alarmas están prendidas y la situación del aparato de justicia es preocupante.
Para poner en marcha el nuevo procedimiento sería necesario adecuar tecnológicamente los despachos y realizar un estudio de costos, indicó el Ministerio Público.
Según el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, entre los años 2007 y 2011, la cifra de procesos evacuados por descongestión subió de 3.800 a 370.000.
El Congreso decidirá este semestre si modifica la estructura del Consejo Superior de la Judicatura y entrega funciones jurisdiccionales a particulares.
El surgimiento de necesidades derivadas de la transformación de la sociedad plantea el debate sobre la posibilidad de consagrar nuevas garantías fundamentales.
De acuerdo con el presidente del Consejo de Estado, la reforma a la justicia convierte a esta en una cosa menor, que se puede resolver entre amas de casa.
A finales de febrero, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó sobre la creación de juzgados en los 135 municipios que no los tenían.
ÁMBITO JURÍDICO revela en exclusiva los principales argumentos de este organismo, frente a la investigación que adelanta la Contraloría General de la República.
El Ministro de Justicia y del Derecho conversó con ÁMBITO JURÍDICO sobre la reforma a la justicia, el Estatuto de la Abogacía, la sentencia de condena al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, entre otros temas.
El Gobierno, la Contraloría y el sector privado le dan bajas calificaciones a la labor del órgano que administra la Rama Judicial. La entidad defendería su gestión, en su informe anual al Congreso.
Si el objetivo de la Ley 1395 es descongestionar los despachos judiciales, la interpretación más razonable es acoger el trámite horizontal, explicó la Corte Suprema.
Las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura deberán rendir informes trimestrales sobre el cumplimiento de las metas de descongestión.
En la conciliación, se cayó la “supercorte” encargada del juzgamiento de aforados y las atribuciones para la Corte Constitucional como órgano de cierre en materia de tutela.
Del deber del funcionario judicial de proteger inmediatamente los derechos fundamentales, no se puede deducir que la tardanza en la solicitud inhibe la protección.
El nombramiento de los cargos de descongestión dependerá de que los directores seccionales de administración judicial certifiquen la disponibilidad de espacios, mobiliario e infraestructura.
Estudiar el debido proceso a la luz de aquellos juicios que en la historia han sido famosos por violar las garantías más mínimas resulta ser algo mucho más interesante e instructivo.
El requisito de fidelidad no puede ser exigido, ni siquiera en situaciones configuradas antes de la expedición de las sentencias C-428 y C-556 del 2009.
Pretender que los jueces fallen en un año los asuntos de primera instancia sin que se les garanticen los recursos para que la oralidad funcione es casi que empujar la justicia al despeñadero.
Aunque no es una propuesta consensuada con la Rama Judicial, esto no implica que existan fracturas en su interior, explicó Mauricio Fajardo, presidente de la corporación.
Aunque no llegó a un consenso con las altas cortes, el Ejecutivo radicó su proyecto. La Corte Suprema y el Consejo de Estado advirtieron que la iniciativa pone en riesgo la separación de poderes.
Parecen existir vientos favorables para que alcancemos una transformación del servicio, vieja ilusión que se ha visto aplazada por un divorcio entre la sociedad civil, la justicia y los gobiernos.
Durante el 2010, el índice de productividad de esos despachos fue del 133%, lo que significó la evacuación de alrededor de 200.000 procesos acumulados.
José María Alonso es una de las fichas clave de la firma española Garrigues, una de las más importantes de Europa, que cuenta con más de 2.000 abogados. Entre junio del 2000 y septiembre del 2009, se desempeñó como su socio director.
La Corte Constitucional declaró inexequible la disposición de la Ley de Descongestión Judicial que facultaba a la Corte Suprema para imponer esa sanción.
Aunque a simple vista no parece que el Derecho y la Medicina tengan relación, Nancy Logreira descubrió, en su trayectoria profesional, que están engranados.
La conversión de los precedentes judiciales en obligatorios y la posibilidad de tutelas de alcance general pueden convertirse en un golpe demoledor contra el Congreso y el Gobierno.