¿Cómo solucionar el problema del acceso a la administración de justicia?

Daniel S. Acevedo Sánchez

Fundador/Host en Legaltech en Español

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Hace unos días, en el equivalente del Ministerio de Salud del Reino Unido, anunciaron una noticia sumamente interesante que más allá del hecho en sí mismo, nos plantea lo que podría llegar a ser una solución a nuestro problema de acceso a la administración de justicia. No me adelantaré para que vayamos en orden.

Las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud británico establecen que ahora los ciudadanos de este conjunto de países podrán hacer consultas médicas directamente a sus dispositivos Amazon Echo. Los gadgets tecnológicos de la empresa del señor Bezos, por medio de Alexa, darán indicaciones de procedimientos médicos, menores, por supuesto, tales como “Alexa, ¿cómo puedo tratar un dolor de cabeza?” o “Alexa, ¿cuáles son los síntomas comunes del resfriado?”, en otras palabras, trayendo al usuario información que de hecho ya es pública y oficial y está al alcance de todos directamente en la página web del Sistema Nacional de Salud, planteando así una alternativa muy eficaz para combatir la congestión del sistema de salud.

La reflexión que trae consigo esta iniciativa del responsable del sistema de salud británico es: ¿Y qué pasaría si esta misma iniciativa se trajera al mundo legal, es decir, la alianza entre una empresa de tecnología de alcance masivo y la autoridad responsable de la armonización de la legislación nacional que, para el caso de Colombia, es el Ministerio de Justicia? Yo creo que esta podría ser no solo una excelente alternativa para la descongestión del sistema judicial, sino que realmente sería la solución más eficaz para lograrlo. Justamente en este artículo les pretendo explicar mis razones.

1. En buena medida, el origen de los conflictos entre particulares se da por el desconocimiento de la ley que regulaba la interacción social. Me explico: recuerdo en mis épocas de consultorio jurídico hace unos años que la gran mayoría de casos que recibí, especialmente los laborales, el problema era precisamente la falta de asesoría jurídica con relación a cómo se debía surtir cierto procedimiento con una estricta regulación. Un ejemplo simple: suponga que una empresa decide terminar una relación laboral de forma justificada, supuestamente, pero nunca llevó a cabo una audiencia de descargos. Aunque posiblemente le asista la razón al empleador en la terminación de la relación de trabajo, todos los que en algún momento hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a este tipo de situaciones en defensa de una organización ante un organismo jurisdiccional o judicial, sabemos bien que hay una alta posibilidad de perder el pleito y se ordene el reintegro y/o la indemnización por despido sin justa causa, porque el empleador vulneró el derecho fundamental del debido proceso.

Aunque lamentablemente para esta oportunidad las cifras no me acompañan, quiero suponer que situaciones como estas debe haber muchas en las diferentes seccionales del Ministerio del Trabajo o en juzgados laborales a lo largo y ancho del país. ¿Qué tal si al momento en que el empleador tuvo la idea de dar por terminada la relación laboral le hubiera preguntado a su teléfono (para no restringirnos exclusivamente a Amazon que he de creer sus dispositivos de smart home no deben ser muy usados en Colombia) “Siri/Google/Bixby/ ¿cuál es el proceso correcto para la terminación de un contrato de trabajo con justa causa por, digamos, hurto?” Ahora imagínense si el teléfono entonces al recibir la pregunta se conectara a la base de datos oficial del Ministerio del Trabajo o de Justicia y le relata al empleador, pero no de una forma inentendible, sino de una forma fácil de comprender, exactamente cuáles son los pasos que debe desarrollar a efectos de surtir correctamente el proceso ¿no le hubiera esto ahorrado muchos dolores de cabeza al momento en que el extrabajador demandara argumentando un despido irregular?

2. También estoy seguro de que, en buena medida, la falta de acceso al sistema de administración de justicia es la forma en la que está diseñado el mismo sistema. De nuevo, no en pocas oportunidades, recordando una vez más mis años de consultorio jurídico, recibía preguntas que en mi cabeza parecían tan simples como ir a una comisaría de familia para solicitar la realización de una audiencia de conciliación en tal o cual tema, pero eso es algo que es obvio para un abogado, no para la persona que necesita este tipo de asistencia. Imagínese entonces qué tan poderoso sería que por medio de un asistente virtual una madre cabeza de familia pueda preguntar algo tan básico como a dónde se puede acudir en caso de maltrato familiar; o que el trabajador que siente que están siendo vulnerados sus derechos le pregunte al mismo asistente a dónde puede ir, porque hace tres meses no le pagan su salario y no sabe qué hacer.

Frente a este escenario es importante que reflexionemos en lo siguiente: está muy bien que nosotros abogados sepamos estas preguntas y se nos hagan incluso irrisorias por lo simple de la respuesta. Sin embargo, no es así para quien realmente necesita ayuda y nosotros, en lugar de acercarnos a las personas, nos hacemos más lejanos a ellos.

Mi tesis es, entonces: si llevamos el derecho de una forma más fácil de entender, pero además haciendo uso de un canal de distribución tan masivo, como un teléfono celular con un asistente de voz (casi que todos los teléfonos móviles de la actualidad), disminuiremos drásticamente el acceso innecesario al sistema de administración de justicia y no solo eso, en el mejor de los escenarios lograríamos que las personas no tengan que acceder al sistema, pues encontrarían en el Derecho una herramienta para prevenir problemas, no para corregirlos ¿acaso no es este el estado ideal de un Estado de derecho?

A los pocos días del comunicado de la alianza del Ministerio de Salud británico con Amazon salieron diferentes y fuertes voces detractoras del proyecto, argumentando que el proyecto debería revertirse inmediatamente, pues se afectaría el derecho al trabajo de una buena cantidad de médicos que tenían consultorios privados y cuya fuente principal de ingresos era atender este tipo de consultas, entre otros argumentos mucho mejores que el anterior. Seguro que para la propuesta que he manifestado en este artículo también habrá muchos detractores, argumentando que entonces ahora los abogados ya no serán necesarios, pero, entonces, les pregunto: ¿Qué es más importante en una sociedad? ¿el derecho al trabajo de unos pocos o el derecho a la justicia de muchos? Con todo el respeto que me merezcan los colegas que puedan estar pensando que esta es una muy mala idea, porque les quitará el trabajo, si lo que sea que hacen es tan fácil que puede ser automatizado por un asistente de voz, creo que es hora de empezar a desarrollar otras capacidades.