Proyecto que suprimiría 10.667 normas del ordenamiento jurídico, a último debate
06 de Junio de 2019
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Ya se programó el último debate al proyecto que pretende eliminar alrededor de 10.667 normas del ordenamiento jurídico, con el objetivo de brindar seguridad jurídica, facilitar la labor de los juristas y el conocimiento de los ciudadanos.
La iniciativa busca expulsar del orden legal todas las normas que por diferentes motivos se consideran inútiles; el proyecto derogaría 6.809 leyes y 3.858 decretos con fuerza de ley.
De estas disposiciones, el 42 % corresponde al sector Hacienda y Crédito Público; el 11 % pertenece a Interior; el 8 %, Transporte; el 7,9 %, a Justicia; el 4 %, a Defensa, Función Pública y Trabajo; el 3 % es del sector Educación y el 2 %, a Planeación y Agricultura.
Los criterios adoptados para realizar la depuración fueron:
- Obsolescencia: cuando las normas son inadecuadas ante la nueva realidad social, económica, cultural, política e histórica. Un buen ejemplo es la Ley 59 de 1903, que restablecía la vigencia de algunas disposiciones referentes a la composición del Distrito Judicial de Panamá.
- Derogatoria: ocurre cuando se ha expedido una nueva norma que regula la materia que trataban otras. Vale mencionar como ejemplo que se derogaría la Ley 1ª a de 1923, sobre reforma a la justicia.
- Cumplimiento del objeto: se trata de normas que alcanzaron su finalidad. Así, la Ley 2ª de 1882 se derogaría, pues ordenaba el pago de una deuda con el Estado soberano de Panamá.
- Vigencia: cuando el periodo de vigencia ya se cumplió. Es el caso de la Ley 38 de 1880, que fija el pie de fuerza para el año económico de 1880 a 1881.
- No se adoptaron como legislación permanente: se refiere a las normas expedidas durante de los estados de excepción, como el Decreto 70 de 1978.
- Contrarias a las disposiciones constitucionales actuales o que regulan instituciones que ya no existen: como la Ley 20 de 1958, que creó el Instituto nacional de reeducación y reducción de niños anormales.
Cámara de Representantes, ponencia proyecto de ley 169/18C-199/18S, mayo 22/19.
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