Evasión, paraísos fiscales y derecho internacional

Juan Carlos Portilla

Profesor de Derecho Internacional Universidad de la Sabana

John Maynard Keynes decía que evitar los impuestos era el único esfuerzo intelectual con recompensa. Los papeles de Panamá evidenciaron la faceta transnacional de este crimen, involucrando paraísos fiscales, abogados y la banca internacional. Los evasores aprovechan el secreto bancario de paraísos fiscales para evadir. El Fondo Monetario Internacional estima que los paraísos tomados colectivamente les cuesta a las naciones la suma de 500 a 600 billones de dólares al año de pérdida de ingresos por impuestos corporativos. Los recursos evadidos requieren ser lavados de alguna manera y en algún lugar. ¿Qué permite la evasión? ¿Cómo es su modus operandi? ¿Se podría reducir? El derecho internacional y una política criminal contra la evasión tienen la respuesta.

¿Qué permite la evasión?

El secreto bancario de los paraísos fiscales (creado en Suiza en 1934) estimula la evasión porque las identidades y transacciones de la clientela bancaria de dichos paraísos permanecen anónimas, incluso frente a terceros. En el Caribe, Panamá, las Islas Caimán, Belice, Antigua, las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Bermuda son paraísos fiscales. Cerca de 125 corporaciones de la lista Fortune Global 500 conservan lazos bancarios con Bermuda. En Europa, Suiza y Luxemburgo son paraísos fiscales, y Hong Kong y Singapur son paraísos en Asia.    

En paraísos fiscales, individuos y corporaciones no pagan impuestos sin importar que estén domiciliados en otras latitudes o que no tengan ninguna actividad económica en ellos. Así, cantidades de dinero ganada por estos permanecen lejos del fisco de sus países de origen. Un estudio realizado en el 2017 por Gabriel Zucman, economista de la Universidad de California, estima que las personas pudientes del mundo mantienen en paraísos fiscales la suma de 8,7 trillones de dólares.

‘Modus operandi’

De acuerdo con la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS, por su sigla en inglés), la banca privada ofrece productos y servicios confidenciales a clientes acaudalados a cambio de honorarios que se calculan basados en los activos bajo su administración. Factores como el secretismo, el uso de compañías de inversión privada (empresas pantalla) por parte de clientes de la banca privada elevan el riesgo de evasión. Para ACAMS, estas empresas son constituidas en paraísos fiscales con directores nominales que ostentan la titularidad de la compañía en nombre de terceros. Según ACAMS, la banca privada puede constituir empresas pantallas para sus clientes a través de compañías filiales en fideicomiso domiciliadas en paraísos fiscales.

Aquellos con la intención de hacer “planeación y mitigación tributaria” suelen contratar abogados para crear complejas redes de empresas pantalla donde una de ellas constituida en un paraíso fiscal puede estar vinculada con otras estructuras societarias o cuentas en otros países, según ACAMS. Así, los verdaderos dueños permanecen ocultos y protegidos bajo los privilegios de la relación abogado-cliente. El caso del Bank Leumi ilustra lo anterior. Según ACAMS, En el 2014, el banco admitió haber ayudado a más de 1.500 contribuyentes estadounidenses a ocultar sus activos en las filiales offshore de Bank Leumi en Suiza y Luxemburgo bajo estrategias de mitigación tributaria. El banco ayudó a organizar entidades corporativas nominales registradas en Belice y otros paraísos para ocultar el dinero de sus clientes, que no eran declarados a la autoridad tributaria americana. Como resultado de la investigación, se ordenó al banco dejar de prestar servicios de banca privada para todos los clientes estadounidenses o cuentas con propietarios beneficiarios estadounidenses.

¿Se podría reducir?

Sí. Si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impusiera sanciones sobre paraísos fiscales, podría forzarlos a que levanten su secreto bancario. Hay razones para ello: los Estados son protagonistas de la política internacional y tienen interés de proteger sus sistemas financieros contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los Estados influyentes en la diplomacia mundial, como los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tendrían intereses de levantar el secreto bancario de paraísos fiscales, para proteger sus sistemas financieros de delitos financieros. Las sanciones son instrumentos diplomáticos para forzar a países a cambiar políticas por razones de seguridad internacional. Los ataques a las torres gemelas demostraron que los financiadores del terrorismo pueden utilizar los paraísos fiscales para proveer a grupos terroristas fondos para atentar contra la seguridad mundial. Así, el Consejo de Seguridad podría imponer sanciones sobre paraísos fiscales para forzarlos a levantar su secreto bancario.

¿Se reduciría en Colombia?

Según la Dian, en Colombia, los activos no declarados que están offshore ascienden a 4,6 billones de pesos. Más de 6.000 colombianos serían los titulares de tales activos. La cooperación internacional ayudaría a reducir la evasión. A pesar de que somos signatarios de la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal de la Ocde, podríamos negociar acuerdos de cooperación bilaterales con paraísos fiscales e incluir en ellos disposiciones de divulgación obligatoria sobre las identidades y transacciones de aquellos colombianos que tengan recursos offshore. Así, podríamos pedir asistencia judicial para intercambiar pruebas y el decomiso de dineros producto de la evasión. En este esfuerzo, no solo debería participar la Dian, sino la Cancillería y la Fiscalía General de la Nación. La cooperación también debería incluir acuerdos entre autoridades e instituciones financieras que operen en paraísos fiscales. Hay antecedentes sobre esto en otras jurisdicciones. En el 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo con HSBC Private Bank, porque este banco de Ginebra admitió haber ayudado a contribuyentes estadounidenses a ocultar 1,26 mil millones de dólares en paraísos fiscales.

La lucha contra la evasión debería ser una de las prioridades de nuestro plan nacional de política criminal. Desafortunadamente, el plan nacional de política criminal 2021-2025, adoptado por primera vez en Colombia por el Consejo Nacional de Política Criminal, no contempla en sus siete prioridades la lucha contra la evasión.

Concluyendo, la evasión se estimula por el secreto bancario. Colombia tiene intereses de proteger a su sistema financiero del crimen y asegurar ingresos perdidos por la evasión, más en momentos de reforma tributaria. Al fin al cabo, los ingresos por tributación sobre los 4,6 billones de pesos que se encuentran offshore ayudaría a aliviar las cargas del Estado. El derecho internacional y una política criminal contra la evasión tendrían la palabra.