Contraloría denuncia deficiencias del Incoder en compra y legalización de tierras para minorías étnicas

La gestión ineficiente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), reflejada en problemas de ejecución de recursos, rezago en la compra y legalización de predios y un grave desorden en su información documental, está poniendo en riesgo el goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades étnicas del país.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República, al revelar los resultados de una actuación especial sobre la política pública de dotación y legalización de tierras, implementación de proyectos productivos y fortalecimiento institucional, social y cultural de las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas, a cargo del Incoder.

El informe de la Contraloría advierte sobre la ineficacia en la ejecución de los recursos públicos y la falta de planeación estratégica de la entidad para cumplir con las metas misionales trazadas en su plan de acción.

Según explicó, lo anterior se sustenta en los 37 hallazgos administrativos descritos en el informe, de los cuales 19 tienen alcance disciplinario, uno tiene alcance penal y tres, de orden fiscal, por un total de 84.573 millones de pesos.

El informe destaca que en la ejecución de los pagos en las vigencias 2012 y 2013, se detectó la constitución de cuentas por pagar que superan el 50 % del valor de los proyectos de inversión del Incoder, evidenciando pasividad bancaria e ineficacia de los pagos, al no cumplir con el principio de anualidad del presupuesto.

La Contraloría identificó, además, un rezago en el cumplimiento de las metas establecidas para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por parte del Incoder, en relación con la compra de predios y legalización para las comunidades indígenas y negras, la implementación de proyectos productivos y la reestructuración de resguardos indígenas de origen colonial.

“Destaca el caso de 10 predios programados para ser comprados a comunidades negras durante el año 2013, donde solo se logró la compra efectiva de 1 y de 13 proyectos productivos programados como meta, no se logró la asignación de ningún proyecto”, agregó.

Otras falencias

Adicionalmente, la Contraloría señaló que la revisión de la ejecución contractual permitió identificar que existe debilidad en la supervisión de convenios y contratos, a lo que se suman el establecimiento de prorrogas reiteradas, “multiplicando significativamente los plazos de ejecución de los convenios y contratos”.

“Se señalan como grandes falencias el no agotamiento de los procesos de titulación de los territorios colectivos, sobre lo cual se advierte el riesgo de vulneración de los derechos territoriales fundamentales de las comunidades étnicas por parte de terceros, quienes encuentran escenarios propicios en un contexto de informalidad jurídica y ausencia de celeridad institucional en los procesos de compra y legalización de tierras a cargo del Incoder”, agregó.

Por último, la entidad le hizo un llamado al Incoder para fortalecer y superar, de manera urgente y prioritaria, las falencias señaladas, para que se cumplan los fines esenciales del Estado y se dé efectiva garantía del goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades étnicas.